Por Ignacio Alonso Velasco
En México, los gobiernos municipales enfrentan un desafío que parece repetirse cada tres años: comenzar prácticamente desde cero. Cambian las autoridades, se renuevan los equipos de trabajo y, en ocasiones, también las prioridades, mientras los problemas de la ciudadanía permanecen. ¿Es suficiente un trienio para planear, ejecutar y consolidar políticas públicas capaces de transformar la realidad de un municipio?
Desde hace décadas, diversos investigadores han advertido sobre las limitaciones que impone la duración de los mandatos municipales. David Arellano Gault, por ejemplo, señalaba en el año 2000 que la continuidad de las políticas públicas requiere capacidades técnicas y humanas, así como condiciones institucionales que permitan desarrollar proyectos de mediano y largo plazo.
El problema no se resuelve únicamente con más tiempo. También exige profesionalizar la administración pública, fortalecer los cabildos y garantizar que los planes de desarrollo no dependan exclusivamente de la voluntad de quien ocupa la presidencia municipal. Sin estas condiciones, cada cambio de gobierno puede convertirse en una oportunidad para abandonar proyectos anteriores y sustituirlos por otros, aunque los primeros todavía sean necesarios para la población.
José Salazar y Manuel González Oropeza, entre otros autores, plantearon la posibilidad de ampliar los periodos municipales a cuatro años. La propuesta buscaba ofrecer un margen adicional para cumplir compromisos de campaña, ejecutar obras y consolidar programas. Otra alternativa ha sido permitir la reelección inmediata, de manera que la ciudadanía pueda decidir si una administración merece continuar por un periodo adicional.
Ambas opciones tienen ventajas y dificultades. Ampliar el mandato no garantiza mejores resultados, mientras que permitir la reelección puede generar riesgos de concentración del poder. Sin embargo, la discusión permite reconocer una cuestión fundamental: la continuidad administrativa constituye una necesidad que no debería depender exclusivamente de la permanencia de una persona en el cargo.
En este sentido, la profesionalización del servicio público municipal resulta indispensable. Los conocimientos técnicos, la experiencia acumulada y la memoria institucional deben permanecer, incluso cuando cambian las autoridades. También es necesario establecer mecanismos de evaluación que permitan identificar qué programas funcionan, cuáles deben corregirse y cuáles conviene concluir.
Ante los cambios normativos previstos para 2030 en materia de reelección inmediata de los integrantes de los ayuntamientos, México tiene la oportunidad de reflexionar sobre cómo evitar que la alternancia política se traduzca en discontinuidad administrativa.
La democracia necesita elecciones periódicas, pero también gobiernos capaces de aprender de su propia experiencia. El verdadero reto consiste en construir instituciones municipales que sobrevivan a los cambios de administración y que coloquen las necesidades de la población por encima de los calendarios electorales. Porque los problemas de una ciudad no comienzan de nuevo cada tres años, y sus soluciones tampoco deberían hacerlo.
