Luego de que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidieron atraer, para su análisis, los recursos de amparo relacionados con las modificaciones al programa de Desarrollo Urbano de Mahahual -que permitía proyectos como el Perfect Day del grupo Royal Caribbean-, la Asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) consideró que una eventual resolución trasciende las fronteras de la comunidad ya que podría fortalecer los mecanismos de protección judicial de comunidades y ecosistemas frente a decisiones de planeación territorial en distintas regiones del país.
Explicaron que esta atracción de los recursos de amparo constituye un paso histórico para que la justicia ambiental sea analizada desde la máxima instancia judicial del país y para que las comunidades puedan contar con mayores garantías en la defensa de su territorio y de su derecho a un medio ambiente sano.
La decisión representa un paso relevante para la protección judicial de las comunidades y del medio ambiente, pues permitirá que la Suprema Corte conozca un asunto que plantea cuestiones de interés y trascendencia nacional.
La asociación recordó que el caso tiene su origen en tres juicios de amparo promovidos por distintos grupos de ciudadanos de Mahahual en contra de las modificaciones al Programa de Desarrollo Urbano. Los asuntos dieron lugar a los recursos de queja 76/2026, 112/2026 y 113/2026, derivados de los juicios de amparo 57/2026, 129/2026 y 134/2026, que se encontraban ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Quintana Roo.
El 9 de junio, a nombre de los ciudadanos, DMAS presentó ante la Presidencia de la Suprema Corte una solicitud para que el máximo tribunal atrajera estos asuntos, al considerar que reunían los requisitos constitucionales de interés y trascendencia y se planteó la necesidad de que la Suprema Corte establezca criterios sobre cuestiones fundamentales para la justicia ambiental, como el alcance del derecho humano a un medio ambiente sano frente a los Programas Municipales de Desarrollo Urbano; el reconocimiento del interés legítimo de las comunidades para impugnar decisiones de planeación urbana que puedan afectar su entorno.
Los plazos para acceder al juicio de amparo en materia ambiental, bajo una interpretación que garantice el acceso efectivo a la justicia, conforme a la Constitución y al Acuerdo de Escazú y la aplicación de principios ambientales como el principio precautorio, la participación ciudadana y el in dubio pro natura en la planeación del territorio.
DMAS insistió en que la atracción del caso por ministros de la SCJN permitirá que estos planteamientos sean analizados por la Suprema Corte y podría contribuir a definir criterios de alcance nacional sobre la protección judicial de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y el acceso a la justicia ambiental. Con información de Noticaribe.
