Cancún, Quintana Roo.- El gobierno estatal se acercó con la Federación para determinar el camino a seguir en el caso de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), conocida comercialmente como Aguakan, que cuenta con la concesión de la distribución de agua potable en varios municipios, afirmó la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.
“Hemos pedido ayuda a la Federación también, trabajarlo de manera coordinada, completamente transparente. Que se decida a través de Conagua, que sería la dependencia que nos puede ayudar a coordinar qué es lo mejor para que el líquido vital llegue a los hogares, porque el agua es un derecho”, comentó.
Aseguró que hay un equipo de abogados, así como de ténicos y demás especialistas, que también tabajan en la demanda interpuesta por el gobierno estatal contra la empresa concesionaria, pues lo único que se quiere es que haya un servicio adecuado a la población.
Asimismo, afirmó que no pretende retirar la concesión para entregarsela a otra empresa privada -como acusa Aguakan-, ya que el objeitvo es muy claro, defender a la ciudadanía y hacer valer el derecho a un adecuado servicio de agua potable.
“Es un litigio muy importante, lo que estamos haciendo es defender la voz del pueblo. Bastaría con que le preguntarán a toda la gente ‘¿Qué opinan del servicio?’ Ahí está la respuesta, es un econo popular la falta de abastecimiento, el tandeo, las fugas que van, se reparan y se deja mal reparado el asafalto, los cobros, la contaminación del agua”, comentó.
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Por ello, Mara Lezama dijo que se está atendiendo los resultados de la consulta popular que se hizo en 2022, pues «es muy claro y es vinculante», por lo que afirmó que no hará oídos sordos a lo que está pidiendo la gente.
Lezama Espinosa aseveró que no están en disposición de llegar a un acuerdo en «lo oscurito», pues este proceso tiene que ser transparente, en el que los único beneficiados sean los habitantes de Quintana Roo.
Acerca de la postura de Aguakan de estar dispuesto de concluir la concesión de forma anticipada, la gobernadora indicó que debe ser a un precio justo, ya que quienes terminarán pagando serán los quintanarroenses.
