Dos conflictos, que exhiben las contradicciones del desarrollo urbano y turístico de Mahahual, llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Uno fue originado por el incumplimiento de obras de urbanización en un fraccionamiento. Y otro por las modificaciones al Plan de Desarrollo Urbano (PDU) que abrieron la puerta a construcciones de hasta 63 metros de altura para favorecer el megaproyecto Perfect Day, de Royal Caribbean.
En el primer caso, la agrupación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) informó que el martes 20 de octubre de 2026 presentó un amparo contra el municipio de Othón P. Blanco y la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) por permitir al Grupo Costa Maya incumplir con las obras mínimas de urbanización y comercializar lotes en Mahahual.
Además, de que el desarrollador ahora promete realizar las obras que no ejecutó anteriormente para obtener autorización para construir otro proyecto.
Desde 2023, habitantes de la colonia Nuevo Mahahual, conocida como «Casitas«, mantienen protestas para exigir la municipalización del fraccionamiento y que el gobierno municipal asuma la responsabilidad de proporcionar los servicios básicos.
Los vecinos denuncian una situación contradictoria: las autoridades no municipalizan la colonia ni garantizan los servicios públicos. Pero sí cobran el impuesto predial.
A ello se suma, señalan, la falta de inversión de Royal Caribbean en la infraestructura de la localidad, pese a los ingresos que genera el arribo de turistas a través del muelle que opera en la zona.
Avance judicial
El segundo caso representa un avance judicial para los habitantes de Mahahual que cuestionan las modificaciones al PDU aprobadas a finales de 2025. Estas permitieron, entre otras disposiciones, construcciones de hasta 63 metros de altura, en un contexto marcado por el impulso al proyecto Perfect Day, promovido por Royal Caribbean.
La agrupación Salvemos Mahahual advirtió que los cambios fueron aprobados en medio de cuestionamientos sobre su legalidad, la falta de participación ciudadana y los riesgos ambientales que representan para una comunidad que enfrenta problemas de abastecimiento de agua, una planta de tratamiento de aguas residuales saturada y amenazas a su fauna y ecosistemas.
Una de las demandas ciudadanas contra las modificaciones al PDU había sido desechada bajo el argumento de que se presentó fuera de tiempo. Sin embargo, el 21 de octubre de 2026, la SCJN determinó por unanimidad que no existían elementos suficientes para rechazarla por esa razón y ordenó al juzgado revisar nuevamente si procede admitirla.
La resolución no invalida las modificaciones al PDU ni determina si fueron legales o ilegales. Únicamente mantiene abierta la posibilidad de que los habitantes continúen su impugnación por la vía judicial.
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