A seis años de las denuncias ciudadanas por presuntas irregularidades en las obras del complejo turístico desarrollado por Grupo Posadas y Banco Actinver en Chemuyil, Tulum, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reconoció más de 30 incumplimientos a la legislación ambiental, pero dio por concluido el asunto tras informar que impuso multas.
Ante esta decisión, la agrupación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito, al considerar insuficientes las medidas de la autoridad federal frente a los daños denunciados en el ecosistema costero.
De acuerdo con la organización, en 2020, durante la pandemia de Covid-19, Grupo Posadas y Banco Actinver iniciaron obras para desarrollar un hotel, una caleta y una playa artificial en Chemuyil, pese a que los trabajos presuntamente excedían las autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Las denuncias ciudadanas advertían sobre posibles afectaciones a los arrecifes, las tortugas marinas y los pastos marinos. Aunque Profepa abrió expedientes y realizó inspecciones, los trabajos continuaron, según los señalamientos de DMAS.
La agrupación sostiene que los materiales utilizados en la caleta, la playa artificial y los espigones terminaron por afectar el arrecife y los pastos marinos, daños que, a su juicio, requieren medidas de reparación ambiental y no únicamente sanciones económicas.
DMAS cuestionó que Profepa haya dado carpetazo a las denuncias después de reconocer más de 30 incumplimientos legales. Argumentó que la autoridad debió detener las obras, presentar las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía y ordenar la restauración del ecosistema afectado.
La organización también recordó que las irregularidades fueron denunciadas desde 2020 por ciudadanos y activistas, entre ellos Araceli Domínguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (Gema). A su juicio, el reconocimiento de las infracciones por parte de Profepa confirma que las advertencias ciudadanas requerían una respuesta más contundente.
El caso está relacionado con el desarrollo del Hilton Tulum Riviera Maya All-Inclusive Resort, detrás del cual, según DMAS, existe un historial de denuncias por daños ambientales y amenazas.
Con el amparo, la agrupación busca impugnar la actuación de Profepa y cuestionar si las multas impuestas son suficientes frente a las afectaciones denunciadas. El procedimiento judicial está ahora a la espera de la actuación del Juzgado Tercero de Distrito.
Te puede interesar: Tulum | Contradice American Airlines discurso federal de expansión turística al recortar vuelos y pasajeros
