Hay una pregunta que deberíamos hacernos con mucha mayor frecuencia: ¿qué tan sólidas son realmente las instituciones mexicanas? No me refiero a cuántas dependencias públicas existen ni a cuántas leyes hemos aprobado. Me refiero a algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, incómodo: ¿funcionan?
El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas plantea una aspiración fundamental: construir instituciones eficaces, transparentes y capaces de rendir cuentas. Su meta 16.6 lo expresa con claridad: crear, a todos los niveles, instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Parece una obviedad, pero no lo es.
Una democracia puede celebrar elecciones periódicamente y, sin embargo, tener instituciones débiles. Puede contar con leyes de transparencia y mantener espacios de opacidad. Puede disponer de organismos fiscalizadores y continuar tolerando decisiones públicas que difícilmente encuentran explicación ante los ciudadanos. Porque una cosa es tener instituciones y otra muy distinta es tener instituciones que funcionen.
Cuando una institución pública actúa conforme a la ley, explica sus decisiones, administra responsablemente los recursos y responde ante los ciudadanos, el poder encuentra límites. Cuando no lo hace, la discrecionalidad comienza a sustituir a las reglas.
México lleva décadas construyendo mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. Sin embargo, seguimos enfrentando problemas de corrupción, desigualdad, ineficiencia del gasto público, servicios deficientes y una percepción persistente de que quienes ejercen el poder no siempre responden suficientemente por sus decisiones.
La propia pertenencia de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ofrece un parámetro interesante. Desde 1994 nuestro país forma parte de una organización que promueve mejores políticas públicas, instituciones eficaces y mayor bienestar social. Sin embargo, tres décadas después, México continúa presentando importantes rezagos en productividad, inversión, innovación, desigualdad y gobernanza. No son fenómenos aislados.
Una institución débil puede ser incapaz de diseñar una buena política pública. Otra puede diseñarla correctamente, pero carecer de capacidad para ejecutarla. Y una tercera puede ejecutarla sin mecanismos adecuados para evaluar sus resultados. Así se construye un círculo vicioso: malas instituciones producen malas políticas; malas políticas producen malos resultados; y los malos resultados terminan normalizándose. Lo más peligroso es precisamente eso: que terminemos acostumbrándonos.
La rendición de cuentas no debería reducirse a presentar informes o publicar documentos que casi nadie puede entender. Rendir cuentas significa explicar qué se hizo, cuánto costó, qué resultados produjo y quién responde cuando las cosas salen mal. Pero la responsabilidad no corresponde únicamente a las instituciones. También corresponde a los ciudadanos.
La democracia no termina cuando depositamos una boleta en una urna. Votar es apenas el comienzo de nuestra relación con el poder público. Después viene la obligación de informarnos, preguntar, exigir y participar. Una ciudadanía pasiva es el mejor escenario para cualquier institución que no quiera rendir cuentas. Por eso, la meta 16.6 debería dejar de ser una referencia internacional y convertirse en una exigencia cotidiana.
Queremos instituciones que funcionen. Funcionarios que expliquen. Recursos públicos utilizados responsablemente. Y, sobre todo, que quien ejerza el poder recuerde que ese poder no le pertenece: lo administra temporalmente en nombre de los ciudadanos.
Una democracia no se mide únicamente por quién gana las elecciones. También se mide por qué tan fuertes son las instituciones capaces de limitar a quien gobierna. Y ahí, México todavía tiene una deuda pendiente.
