Por Ignacio Alonso Velasco
El 18 de agosto del 2016 publiqué una columna que titulé: “Ciudad de México: la encrucijada entre ser o no incluyente”, en relación a que la Asamblea Constituyente, al redactar su Carta Magna, tenía la opción de ser incluyente o discriminatoria con los mexicanos naturalizados a la hora de permitirles o no acceder a cargos públicos.
El pasado 5 de febrero de 2017 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la mencionada Constitución. En su texto demuestra estar a la vanguardia en muchos aspectos, como lo es el que es objeto de análisis en el presente documento.
Concretamente en el párrafo quinto de su artículo 24 dispone que: “Las y los ciudadanos mexicanos, por nacimiento o naturalización, tienen derecho a acceder a cualquier cargo público de la Ciudad, incluyendo los de elección”. Con este texto se logra otorgar los mismos derechos a todos los mexicanos, sin tener en cuenta si lo son desde que nacieron o no. Semejante situación ocurre en España, donde una persona al adquirir su nacionalidad lo hace con todas las consecuencias y queda equiparado a los nativos de dicho país, con los mismos derechos y obligaciones.
Lamentablemente, la realidad generalizada en Quintana Roo y en la gran mayoría de las entidades federativas es que se lleva a cabo una exclusión de los mexicanos naturalizados para postularse, como candidatos independientes o como representantes de un partido político, a ciertos cargos de elección popular o para desempeñar cargos funcionariales, a pesar de que todos los que cuentan con la ciudadanía mexicana debieran ser iguales ante la ley.
Así es, constituciones estatales, así como muchas de las leyes que las desarrollan, parecen insistir en distinguir distintos tipos de mexicanos, entre los que lo son por nacimiento y los que son naturalizados.
Considero que sería deseable eliminar el “candado” que impide a los mexicanos naturalizados ocupar cualquier cargo. Al respecto, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México ha aprovechado la posibilidad de marcar una pauta al respecto, al publicar su Constitución y haber decidido, al normar este aspecto, ser incluyente con todos los ciudadanos mexicanos.
Es conveniente que el resto de las entidades federativas mexicanas tomen como ejemplo la Carta Magna capitalina. En concreto, en la entidad quintanarroense, la población es el resultado de una mezcla de etnias, nacionalidades y procedencias regionales varias. Mayas, yucatecos, michoacanos, ingleses, hondureños, libaneses, chinos, veracruzanos, cubanos, beliceños, griegos, jaimiquinos y campechanos, entre otros. En el caso de contar con la ciudadanía mexicana deberían reconocérseles los mismos derechos y obligaciones que a un oriundo. Urge reformar nuestro ordenamiento legal y así alinearlo con la constitución capitalina en el camino a la inclusión en un ambiente vanguardista.
Ignacio Alonso Velasco
Licenciado en Derecho, Maestro en Políticas Públicas y estudiante de Doctorado en la Universidad de Quintana Roo, donde imparte clases en la Licenciatura de Derecho. Asociado del Instituto de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y miembro del Colegio de Maestros en Administración de Quintana Roo. Correo: velasco@uqroo.edu.mx».
