En México hemos aprendido a desconfiar del poder. Y no sin razones. Nuestra historia política está llena de gobiernos que confundieron el servicio público con la propiedad del cargo, de funcionarios que hicieron de la permanencia una forma de vida y de instituciones que, durante demasiado tiempo, estuvieron diseñadas para garantizar más la continuidad de los gobernantes que la evaluación de sus resultados. Quizá por eso la palabra reelección todavía provoca cierta incomodidad.
Pero hay una pregunta que vale la pena hacerse, particularmente cuando hablamos de los municipios: ¿qué pasa cuando quien gobierna lo hace bien? Esta inquietud es el punto de partida de un texto que recientemente publiqué en Tropo, bajo el título Quintana Roo y la tentación de permanecer en el poder municipal. Se trata de una reflexión que forma parte de una línea de investigación que he venido desarrollando en torno a la reelección inmediata de los gobiernos municipales y sus posibles efectos sobre la continuidad de las políticas públicas y el desarrollo local.
La discusión no es menor. En 2014, México abrió la puerta a la elección consecutiva de los integrantes de los ayuntamientos. La reforma rompió con una de las tradiciones más arraigadas de nuestro sistema político y permitió que presidentes municipales, regidores y síndicos pudieran buscar nuevamente el respaldo ciudadano. La idea parecía sencilla: que fuera el ciudadano, y no únicamente la ley, quien decidiera si un gobernante merecía continuar.
Pero una década después el péndulo volvió a moverse. La reforma constitucional aprobada en 2025 determinó que, a partir de 2030, dejará de existir la posibilidad de reelección inmediata para los cargos de elección popular. Y aquí aparece una paradoja que merece nuestra atención.
Mientras exigimos gobiernos municipales capaces de planear a largo plazo, construir infraestructura, mejorar los servicios públicos, profesionalizar sus administraciones y dar continuidad a las políticas que funcionan, mantenemos periodos de gobierno relativamente breves y, nuevamente, eliminamos la posibilidad de que los ciudadanos premien electoralmente una buena gestión mediante la continuidad. ¿No hay aquí una contradicción?
Un presidente municipal que sabe que no podrá volver a competir puede tener incentivos para pensar en el siguiente cargo, en el siguiente partido o en la siguiente elección. En cambio, quien tiene la posibilidad de ser evaluado nuevamente sabe que su desempeño tendrá una consecuencia política concreta: los ciudadanos pueden dejarlo o sacarlo.
Por supuesto, la reelección no garantiza buenos gobiernos. Un mal gobernante también puede intentar permanecer. Precisamente por eso se necesitan elecciones competitivas, instituciones sólidas, transparencia, rendición de cuentas y ciudadanos capaces de evaluar resultados. Pero prohibir la reelección tampoco garantiza mejores gobiernos. Quizás el problema no sea tanto la permanencia como la permanencia sin evaluación.
Quintana Roo ofrece un escenario particularmente interesante para observar esta discusión. Nuestros municipios enfrentan problemas que no desaparecen cada tres años: crecimiento urbano, movilidad, servicios públicos, ordenamiento territorial, seguridad, medio ambiente, infraestructura y desigualdad. Todos ellos requieren políticas que tengan continuidad y no dependan exclusivamente del calendario electoral. Por eso, mi interés al abordar este tema no es defender que los gobernantes permanezcan en el poder. Es algo mucho más sencillo: defender el derecho de los ciudadanos a decidir.
Si un presidente municipal hizo un buen trabajo, ¿por qué impedir que la ciudadanía tenga la posibilidad de ratificarlo? Y si lo hizo mal, ¿por qué no permitir que esa misma ciudadanía lo castigue electoralmente? La democracia no debería consistir solamente en cambiar de gobernantes. También debería permitirnos decidir cuándo vale la pena conservarlos.
De eso trata, en buena medida, Quintana Roo y la tentación de permanecer en el poder municipal, el texto que recientemente publiqué en Tropo. Una invitación a mirar la reelección no desde el temor histórico al poder, sino desde una pregunta mucho más incómoda: ¿qué preferimos, gobiernos que simplemente duren tres años o gobiernos que tengan la oportunidad de demostrar que pueden hacer que sus resultados permanezcan? El debate apenas comienza.
