El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) publicó este miércoles 9 de septiembre el laudo definitivo sobre la disputa entre Legacy Vulcan y el Gobierno de México por la clausura de la mina de materiales pétreos CALICA, ubicada al sur de Playa del Carmen.
En una resolución de 530 páginas, el tribunal internacional expuso los argumentos y conclusiones que sustentan su decisión y determinó que México deberá pagar a Legacy Vulcan una reparación por 15 millones 884 mil 117 dólares, además de los intereses correspondientes.
De acuerdo con el laudo, los intereses sobre el monto otorgado serán calculados con base en la tasa de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos a seis meses, más dos puntos porcentuales, a partir del 24 de enero de 2018 y hasta la fecha del pago íntegro y definitivo, con capitalización anual.
Uno de los puntos centrales de la resolución establece que México incumplió sus obligaciones bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al no otorgar a las inversiones de Legacy Vulcan, incluida CALICA, un trato justo y equitativo, en contravención del artículo 1105 del acuerdo comercial.
Dicho artículo establece el nivel mínimo de trato que los países integrantes del TLCAN —México, Estados Unidos y Canadá— debían otorgar a las inversiones de inversionistas de las otras partes.
El tribunal también rechazó la solicitud de México para presentar una reconvención, al considerar que ésta era inadmisible.
En materia de costas, el CIADI determinó que cada parte deberá asumir sus propios gastos legales y demás costos relacionados con el arbitraje, mientras que los honorarios y gastos del tribunal, así como los derechos administrativos y gastos directos del procedimiento, serán cubiertos por ambas partes en partes iguales.
El tribunal rechazó además las demás reclamaciones y solicitudes formuladas dentro del procedimiento.
El conflicto entre Legacy Vulcan y el Estado mexicano se remonta a enero de 2019, cuando la empresa presentó formalmente ante el CIADI una solicitud para iniciar el procedimiento de arbitraje por las medidas adoptadas contra sus operaciones en Quintana Roo.
La disputa se prolongó después de que, en mayo de 2022, durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, autoridades mexicanas clausuraran las instalaciones de CALICA, en el municipio de Solidaridad.
A partir de esa medida fueron incorporados nuevos elementos y pruebas al procedimiento arbitral.
Durante el proceso, el Tribunal también aceptó la participación de un tercero en representación de comunidades ubicadas en el área de influencia de la mina a cielo abierto. En este caso, se admitió la intervención del representante indígena Quetzal Tzab González.
El procedimiento concluyó con el laudo emitido por el Tribunal del CIADI el 27 de julio, resolución que incluyó además la opinión disidente de uno de los integrantes del tribunal.
La publicación del documento permite conocer ahora los argumentos completos utilizados por el tribunal internacional para determinar que México incurrió en una violación al TLCAN y establecer el monto de la reparación correspondiente. Con información de Noticaribe.
