Carmen, Quintana Roo.- Diversas organizaciones civiles, comunidades indígenas y especialistas pidieron que se haga público y de manera íntegroa el laudo del arbitraje internacional entre la empresa minera estadounidense Vulcan Materials (Calica) y el Estado mexicano.
Esto, luego de conocerse que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) otorgó una indemnización de menos de 15 millones de dólares —menos del 1% de los mil 500 millones reclamados originalmente—, los colectivos señalan que la opacidad del proceso impide conocer el impacto real de la resolución.
La exigencia, encabezada por el Movimiento Maya Peninsular, el Grupo Ecologista del Mayab (GEMA) y el Institute for Policy Studies (IPS), subraya la necesidad de transparentar cuatro puntos fundamentales: el monto exacto de la indemnización, la argumentación jurídica de los árbitros, el resultado de la contrademanda presentada por México y el reparto final de las costas del arbitraje.
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Según Araceli Domínguez, representante de GEMA, solo con el documento completo se podrá evaluar cuánto peso tuvieron los argumentos ambientales y de derechos humanos aportados por las comunidades.
Un sistema criticado por su opacidad
Investigadores como M. Teresa Gutiérrez Haces, de la UNAM, denunciaron que el mecanismo de resolución de controversias (ISDS) es «asimétrico, privado y opaco», permitiendo que los laudos permanezcan bajo reserva por tiempo indeterminado. Además, se advirtió que la defensa legal le costó al erario mexicano decenas de millones de dólares.
Por su parte, Manuel Pérez Rocha, del IPS, destacó que este caso no es aislado y urgió a eliminar del T-MEC y otros tratados comerciales las cláusulas que permitan a inversionistas extranjeros demandar a Estados por aplicar leyes ambientales. Las comunidades insisten en que, más allá de la cifra económica, la prioridad debe ser la reparación ambiental definitiva del acuífero y la publicación de planes de manejo para las áreas naturales protegidas de la región .
