Cancún, Quintana Roo.- La activista Araceli Domínguez presentó una denuncia popular a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) por los daños al medio ambiente, además de contravenir las disposiciones legales, durante las obras para construir un camino que une la carretera federal 307 con la carretera Tulum-Cobá.
“La denuncia se presenta por tala de selva mediana subperennifolia en perfecto estado de conservación, para construir un camino que une la carretera federal 307 con la carretera Tulum-Cobá, atravesando el trazo del tramo 5 del Tren Maya dentro de la selva Maya (…) La vegetación eliminada incluye especies protegidas, vulnera fauna también protegida, y daña sistemas de relevancia incalculable por su valor paleontológico, arqueológico, geológico y biológico del acuífero de la zona, como son el sistema Sac Actún”, detalla la denuncia popular enviada a Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
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Señaló que el “impacto negativos a los ecosistemas de humedales” se realizó sin existan indicios de que cuenten con autorizaciones ambientales en materia de impacto ambiental o forestal para desarrollarlas, como lo establecen los artículo 28 fracciones VII, X y XIII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como al diverso 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y demás disposiciones aplicables al caso concreto.
Como prueba, se adjuntaron muestras fotográficas, debidamente ubicadas con GPS, agrega el documento escrito por la activista ambientalista.
Por ello, Araceli Domínguez pidió a la Profepa efectuar las diligencias necesarias para que las autoridades constaten el daño ambiental denunciado y notificar a las autoridades competentes para el seguimiento de los actos ilícitos.
Además que, derivado de las ilegalidades e irregularidades que se encuentren, se impongan las medidas de seguridad y las sanciones administrativas correspondientes contempladas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás ordenamientos aplicables, así como dar vista al Ministerio Público, debido a que se confirmaría algún delito ambiental en estas obras.
