Chetumal, Quintana Roo.- En un hecho sin precedentes en Quintana Roo, la XVII Legislatura del Congreso del Estado, aprobó por unanimidad una iniciativa ciudadana para reformar una decena de leyes y así lograr la igualdad de derechos de todos los ciudadanos mexicanos para poder aspirar a ocupar dieciséis cargos diferentes dentro de la administración pública.
Entre los cuerpos normativos a reformar se destacan: la Ley de los Municipios, las leyes orgánicas del poder legislativo y judicial, así como del Sistema DIF, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente o la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre otras.
A partir de la publicación del decreto, no será imprescindible ser mexicano por nacimiento para ocupar cargos públicos como: la tesorería o la secretaría general de alguno de los municipios, juez de primera instancia o una consejería dentro del IDAIPQROO o del IEQROO.
También, cualquier ciudadano mexicano, independientemente de dónde nació, podrá ocupar la titularidad de la Procuraduría de Protección al Ambiente, o de la Dirección de Bibliotecas, de la Dirección General del Sistema DIF, entre tantos otros.
De esta forma, Quintana Roo da un importante paso adelante en la defensa de los derechos humanos y de la participación ciudadana, ya que hay que tener en cuenta que esta iniciativa no fue presentada por ningún legislador, sino por la Asociación Civil Mexicanos de Corazón, fundada hace un par de años con el objetivo de eliminar del marco normativo local, el requisito de contar con ciudadanía mexicana por nacimiento, para ocupar diversos cargos públicos.
Esto, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) indicó que los Congresos Locales carecen de competencia para establecer como requisito el contar con nacionalidad mexicana por nacimiento para acceder a cargos públicos, distintos a los que emanan por mandato de la Constitución Federal.
Sin embargo, tanto la Constitución Federal como la Local de Quintana Roo, en sus artículos 1° y 13 respectivamente, establecen la prohibición de cualquier tipo de discriminación por razón del origen nacional, reforzando con ello, la interpretación sustentada por la SCJN, en el sentido de que, las entidades federativas no pueden establecer tales requisitos cuando los cargos públicos en cuestión no desarrollen tareas que tengan que ver con la soberanía o seguridad nacionales o con áreas estratégicas o prioritarias para el Estado mexicano.
Te puede interesar: Mexicanos de corazón por la defensa de derechos humanos
La pasada XVI Legislatura eliminó los candados legales que ejercían esta discriminación entre diferentes categorías de mexicanos para nueve cargos públicos contenidos en cuatro leyes locales diferentes, tales como la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos, la Ley de Justicia Alternativa, la Ley de la Fiscalía General y la Ley del Sistema Anticorrupción, todas ellas del Estado de Quintana Roo.
Ahora la XVII Legislatura concluyó el trabajo de homologar el resto de leyes secundarias y ajustarlas al mandato constitucional.
«Es tiempo de pasar la página y entender que no siempre quien viene de fuera es con fines adversos, existiendo numerosos ejemplos de gente que ha llegado en calidad de inmigrante a engrandecer, tanto México como Quintana Roo. Resulta inaceptable, en estos tiempos modernos, seguir manteniendo discriminaciones y desigualdades basadas en un accidente tan coyuntural como puede ser el lugar de nacimiento siempre y cuando, tales persona, hayan cumplido con los requisitos legales establecidos para obtener la ciudadanía mexicana, así como los relativos al tiempo de residencia en el estado», indicó la organización.
