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Opinión | Participación ciudadana en Quintana Roo, una más de atole con el dedo / Ignacio Alonso Velasco

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Por el Dr. Ignacio Alonso Velasco

La pasada legislatura del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, la XV, se autonombró como “El Congreso de Todos”, por dos razones principalmente. La primera es porque durante la cual se publicó una nueva Ley de Participación Ciudadana, el 23 de marzo del 2018, que abrogaba otra ley homónima que lo que hacía era desincentivar dicha participación, debido a los numerosos “candados legales” que establecía. Tan ilusionado estaba con esta Ley que me animé a elaborar un reglamento para el Municipio de Othón P. Blanco que se ajustara a la nueva normatividad estatal en la materia (1).

La segunda razón por la cual la XV Legislatura se proclamó como “El Congreso de Todos” es por haber conformado su agenda legislativa con base en unos Foros de Consulta Ciudadana, celebrados durante los meses de enero y febrero de 2017 en cuatro sedes a lo largo del territorio estatal. En dichos foros, 425 participantes, presentamos un total de 845 propuestas.

 

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Esta agenda legislativa en su introducción presumía que: “Los diputados de esta histórica Legislatura, refrendamos nuestro cabal compromiso para dictar leyes que emanen de la voluntad del pueblo […] teniendo como fin, recabar las inquietudes y propuestas de la población, para constituir una plataforma de propuestas, basada primordialmente en las demandas sociales, políticas, económicas y culturales de nuestro Estado” pp. 7 y 12.

Aunque es cierto que ya se notan muchos avances en materia de participación ciudadana, aún no podemos decir que se ha logrado una total apertura del gobierno a la población. Los mecanismos de participación hasta ahora existentes no son suficientes para que ésta acceda de manera directa a la toma de decisiones.

Todavía se tiene una concepción autoritaria del derecho, la cual no logra dejar que el derecho alcance su plena madurez. La naturaleza de nuestro sistema es esencialmente participativa, de manera que la participación de los particulares en las decisiones de las autoridades no puede descartarse en un régimen democrático como el que, mal o bien, nos rige.

 

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Quiero concluir que, aunque aparentemente la nueva Ley de Participación Ciudadana flexibiliza los trámites para que podamos contribuir con nuestras propuestas, son numerosas las trabas que en la realidad se presentan, lo cual hace que muy pocas sean las iniciativas presentadas por ciudadanos las que finalmente logran el objetivo final, el de ser aprobadas y publicadas, para poder entrar en vigor.

 

CITAS

(1) La iniciativa fue presentada por la Regidora Sara Esther Muza Simón, con la cual el Municipio de Othón P. Blanco fue el único quintanarroense que cumplió con el término establecido en el artículo transitorio tercero de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo que otorgaba un plazo no mayor a 180 días para poder contar con las nuevas disposiciones en la materia a nivel local

 

 

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(*) Ignacio Alonso Velasco nació en Madrid y desde el año 2005 vive en México. Es Licenciado en Derecho y Maestro en Gestión y Análisis en Políticas Públicas, tanto en España como en México. Acaba de concluir sus estudios de doctorado. Docente de la Licenciatura de Derecho en la Universidad Modelo y en la Universidad Vizcaya de las Américas, ambas en sus campus de Chetumal. Es asesor jurídico en la XVI legislatura de Quintana Roo.

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