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Opinión | La Justicia Alternativa en el Estado de Quintana Roo. Precursor de México / José Joaquín González Castro

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Por José Joaquín González Castro

 

Quintana Roo es el más joven estado de la República Mexicana, junto con Baja California  Sur, que fueron creados el 8 de octubre de 1974, en que se publicaron en el Diario Oficial  de la Federación las reformas constitucionales.

El 12 de enero de 1975 se promulgó la Constitución Política del Estado y a partir de esa fecha inició una ardua labor legislativa y de creación de instituciones.

La nueva entidad federativa, que carecía de leyes propias al ser territorio federal, tenía que construir su andamiaje jurídico, empezando por la estructura y organización del poder público; bases y reglas electorales, leyes orgánicas de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; para continuar con códigos y leyes en materia Civil, Penal y Fiscal, de procedimientos, etc.

A 45 años de su creación, el Estado cuenta con aproximadamente 173 leyes y 7 códigos, donde se han aprobado leyes propias de las potencialidades geográficas de la región, como la Ley Apícola, Turismo, Aprovechamiento forestal, Indígena y en el caso de justicia alternativa en el año de 1997, la adopción de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

En este último caso, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000, en materia de impartición de justicia establecía implementar la mediación y la conciliación, logrando el mismo efecto de la justicia ordinaria a un bajo costo y revalorar la justicia de paz, ya que por su agilidad y rapidez puede constituirse en una institución fundamental para la justicia.

 

 

El gobierno federal tardó mucho en impulsar los medios alternativos de resolución de conflictos y 23 años después del Estado de Quintana Roo, tiene en proceso legislativo su primera Ley de Justicia Alternativa en materia civil, familiar y mercantil.

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo obtuvo la facultad de iniciar leyes y decretos el 15 de abril de 1996, relativo a la organización y administración de justicia.

En ejercicio de esa potestad, se celebró un convenio de trabajo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dirigido en esas fechas por el Dr. José Luis Soberanes Fernández y un servidor en su carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo (TSJ).

Se elaboró un Programa de Modernización de la Impartición de Justicia que comprendió los siguientes rubros; Marco jurídico del poder Judicial; Justicia Alternativa; Justicia de Paz; Informática Jurídica; Palacio de Justicia; Autonomía Presupuestal; Capacitación y especialización Judicial y finalmente Unidad de Jurisdicción.

En la materia que nos ocupa, destacan reformas y adiciones a la Constitución del Estado aprobadas el 30 de abril de 1997, cuyo fin fue incorporar en sede constitucional la garantía de todo habitante de Quintana Roo, de resolver sus controversias de carácter jurídico mediante la conciliación: “Art. 7. Todos los habitantes del Estado tienen derecho a resolver sus controversias de carácter jurídico, mediante la conciliación, la que podrá tener lugar antes de iniciarse un juicio o durante su tramitación. Cuando los interesados así lo determinen, habrá lugar a la conciliación en la fase de ejecución”.

 

 

Para cumplir con tal derecho ciudadano, se estableció la obligación del TSJ, de proporcionar medios alternativos de solución de controversias jurídicas, como la conciliación mediante procedimientos de mediación.

 

Art. 99. Fracción IX. El Tribunal Superior de Justicia proporcionará medios alternativos de solución a sus controversias jurídicas, tales como la conciliación o el arbitraje, de acuerdo a procedimientos de mediación. La ley establecerá las facultades e integración de la institución que brindará estos servicios, así como los procedimientos y eficacia de sus acuerdos y resoluciones. Esta institución brindará servicios de defensoría de oficio y de asistencia jurídica a sectores sociales desprotegidos.

 

Con fundamento en estas normas constitucionales el Poder Judicial del Estado presentó para su aprobación ante el H. Congreso local, la Iniciativa de Ley de Justicia Alternativa, primer proyecto normativo de su clase en el país, la cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 14 de agosto de 1997.

La Ley contaba con 23 artículos y entre sus particularidades estableció que a la institución encargada de brindar el servicio de los medios alternos, se le llamaría Centro de Asistencia Jurídica (actualmente Centro de Justicia Alternativa), el cual además de brindar ese servicio, tenía a cargo la prestación del servicio de defensoría de oficio en materia penal y brindaba asesoría a personas de escasos recursos en las demás ramas.

Una característica relevante del Centro de Asistencia Jurídica, es que se concibió como un órgano desconcentrado del Poder Judicial del Estado, es decir, con autonomía orgánica.

La pregunta obligada de investigadores y académicos, es cómo surgió la idea de implementar los MASC en Quintana Roo; ante ello siempre les recuerdo algunos pasajes de la actuación peculiar de las primeras autoridades electas en el año 1975.

 

 

Fueron 72 años en que como Territorio Federal (1902) enviaban gobernantes desde el centro del país, la mayoría desvinculados de la población y sus problemas; muchos obtenían el nombramiento por “servicios prestados a la patria”, y su afán era enriquecerse de los recursos forestales y el contrabando, aprovechando la condición de frontera.

Lo anterior originó que con el nacimiento del Estado el 8 de octubre de 1974, los ciudadanos encontraron desde el primer gobernador electo, los presidentes municipales y sus colaboradores, más que a una autoridad, a un gestor de todo tipo de conflictos.

El Titular del Poder Ejecutivo recibía y solucionaba controversias de carácter laboral, ejidal, escolares, comunitarios en general y frecuentemente, asuntos familiares eminentemente particulares.

Ante ello, el Ejecutivo del Estado, el Secretario de Gobierno y otros servidores públicos desempeñábamos nuestra función legal pero además actuábamos como lo que ahora se conoce como mediadores o facilitadores.

Esa experiencia a los ojos de los juristas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se denominaba técnicamente: justicia alternativa, la cual ellos ya la conocían y estudiaban de otros países; inmediatamente Quintana Roo la adoptó y juntos trabajamos para darle forma y fundamento a los medios alternos en la solución de conflictos.

Indudablemente los primeros mediadores y facilitadores no tenían la experiencia y mucho menos las técnicas actuales de negociación, sin embargo, reunían el perfil natural que ahora se requiere para la práctica de la mediación.

Hubo algunas resistencias a la nueva forma de resolución de conflictos.

Juan Castro Palacios comenta en su libro titulado “Justicia Alternativa. La experiencia de Quintana Roo”:

 

Cuando se discutía el proyecto de Ley en el Congreso del Estado, pequeños grupos de abogados manifestaban su preocupación y temor por lo que consideraban un peligro para sus respectivas fuentes de ingreso. En la Ciudad de Cancún, un polo de desarrollo con cerca de medio millón de habitantes y más de doscientos abogados registrados en los dos gremios de abogados de la ciudad, bastaron un par de reuniones informativas para que quedara perfectamente claro que el Centro de Asistencia Jurídica no vendría a desplazar a nadie y que mucho menos se convertiría en un órgano omnipotente, que, por ser una especie de apéndice del Poder Judicial, se convertiría en el adversario imposible
de vencer.

 

En el proceso de implementación fue necesario ir sumando voluntades y haciendo ajustes en el trabajo del Centro de Asistencia Jurídica; una de las aportaciones importantes se obtuvo por parte de las incipientes escuelas de derecho del Estado, quienes apoyaron el proyecto a través del servicio social de jóvenes estudiantes de derecho que con mucho entusiasmo participaron.

 

 

Al cabo de los años, los resultados son palpables. El Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo en 2018, radicó un total de 4770 asuntos, dentro de los cuales se llevaron a cabo 3069 audiencias de conciliación y se suscribieron 1770 convenios (57.67%). Por otra parte, en 2019 se radicaron 5503 asuntos, hubo 3377 audiencias de conciliación y se logró la firma de 1977 de convenios (58.64%).

Lo anterior es una demostración de la importancia que va adquiriendo la Justicia Alternativa; obtener un porcentaje superior al 50% de convenios logrados mediante el dialogo asistido, es motivador para los responsables de brindar el servicio.

Si se comparan las estadísticas de los medios alternos con los juicios ante tribunales, el porcentaje es superior al 5%. Esto significa la finalización de muchos conflictos por medios conciliatorios, además de los ahorros en tiempo y dinero.

Como todos saben, la pandemia que golpea al mundo acelera los cambios y la administración de justicia lo está haciendo. En sesión del Consejo de la Judicatura de fecha 30 de abril del presente año, como Consejero Ciudadano de dicho cuerpo colegiado, presenté los Proyectos de “Mediación desde tu Casa” y los “Lineamientos para la presentación y recepción de demandas y/o promociones”.

“Mediación desde tu casa”, es una realidad en el Estado pues el 29 de mayo de 2020 se publicó el Acuerdo del Consejo de la Judicatura, iniciando funciones el Centro de Justicia Alternativa a mediados de este mes de junio, con el objetivo de atender dentro de ese marco normativo, las solicitudes de mediación y conciliación, valiéndose de medios electrónicos.

Para la implementación del servicio, el Consejo, la Escuela Judicial y la Unidad de Certificación brindaron capacitación a los 34 facilitadores en las materias civil, familiar y mercantil para que tuvieran las herramientas necesarias para poder implementar de la mejor manera esta nueva modalidad.

Con el propósito de que la mediación a distancia esté a disposición del mayor número de personas, en tanto se prepara la plataforma digital necesaria, el proceso de mediación se realiza mediante teléfono celular, correo electrónico y la aplicación de WhatsApp.

La recepción de solicitudes de mediación es desde los módulos de Chetumal y Cancún para su asignación a los facilitadores de los once municipios del Estado (http://www.tsjqroo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3916&Itemid=1226).

A lo largo de los 22 años desde que fue publicada la primera ley en medios alternos, se han realizado diversas reformas a la ley del 97; en el año 2011, se publicó una nueva ley de Justicia Alternativa abrogando la que fue la primera ley en esa materia del país, y actualmente se encuentra vigente la ley publicada en el año 2014, la cual es un cuerpo normativo muy completo y contiene los diversos avances que en materia de mediación se tienen a la fecha en México.

Sin embargo, es necesario profundizar en los cambios; se requieren reformas legislativas donde se adicionen diversos temas como son la mediación privada, asesores colaborativos, mediación a distancia, registro de facilitadores públicos y privados, inscripción de convenios, fe pública para los mediadores y un empleo generalizado de los avances electrónicos en todos los renglones de la impartición de justicia.

El Poder Judicial en coordinación con los poderes Legislativo y Ejecutivo elaborarán un proyecto de reformas y adiciones o una nueva Ley que incluya todos estos aspectos.

 

 

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(*) José Joaquín González Castro. Licenciado en derecho, fue presidente municipal de Benito Juárez, entre 1984-1987; senador de la República, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. Consejero Ciudadano del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.

 

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