Un total de 816 investigaciones abiertas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción han resultado, hasta el momento, en 47 ex funcionarios públicos vinculados a proceso, informó la titular de este organismo, Rosaura Villanueva Arzápalo.
“Somos el primer estado a nivel nacional con la mayor cantidad de activos recuperados, tanto en especie como en efectivo Más de 100 millones de pesos y 19 inmuebles ya integrados al patrimonio estatal”, indicó.
Lo anterior incluye 7 sentencias condenatorias, de las cuales, 3 son en contra de un ex tesorero del municipio de Othón P. Blanco y una contra un ex tesorero de Lázaro Cárdenas.
Otra más se encuentra en proceso de juicio oral por recursos desaparecidos del orden de más de mil millones de pesos en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), cuya cantidad está condenada al pago pero todavía se encuentra en proceso de recuperación.
Cuestionada respecto a si alguno de estos funcionarios se encuentra todavía en activo, la fiscal anticorrupción indicó que solamente había ocurrido con un elemento de Seguridad Pública en Solidaridad y “algunos del municipio y el estado”, sin detallar nombres.
Caso Borge
Respecto al seguimiento del caso del exgobernador Roberto Borge Angulo, la Fiscal Anticorrupción explicó que se encuentran litigando con su defensa los amparos interpuestos por dos carpetas de investigación pendientes, en tanto que se está preparando el pliego de acusación para pasar la etapa de depuración de datos de prueba.
Posterior a este trabajo jurídico, podrían entonces hablar de prepararse para la etapa de juicio oral, apuntó la doctora en Derecho.
Recordó que la defensa del ex gobernador alegaba que el delito cometido ya había prescrito, sin embargo, la Fiscalía argumentó que esto no es así, dado que en su período como líder del ejecutivo estatal, la ley evitaba que fuese investigado, por lo que el tiempo contaría a partir de que dejó el cargo.
“Tenemos la plena certeza que, por cuanto a él, el ejercicio de la acción penal no está prescrito porque en la Constitución del Estado, en el momento que fungía como gobernador, estaba protegido, porque hay un artículo que establecía que los gobernadores no podían ser investigados”, detalló.
