Por Grupo Pirámide
Dos durísimos reveses acumuló en pocos días la administración de Diego Castañón. Primero fue la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, que declaró que es ilegal el cobro que realizaba del alumbrado público, dado que es de competencia federal. Y en todo caso, debería hacerse bajo un costo fijo, no proporcional al consumo de energía.
“Vulnera los principios de proporcionalidad y equidad tributaria”, dice parte de esa sentencia.
Monumento a la corrupción
Pero el mensaje más duro lo acaba de propinar el gobierno estatal, cuya Fiscalía General del Estado aseguró el edificio Adamar Solimán, el cuál es investigado por probables delitos ambientales en los que habrían incurrido los promoventes del proyecto.
Lo cierto es que éste, y otros proyectos, pudieron construirse porque contaban con licencias de construcción expedidas por el gobierno municipal, en el caso particular de Adamar, el responsable de Desarrollo Urbano, Lorenzo Miranda Miranda, le respondió a la jueza que el desarrollo contaba con una “regulación de obra”, es decir, dos hojas que avalaban un permiso para construir, “siempre y cuando el desarrollo cumpla con otros requisitos federales y estatales”.
Impunidad
Lo cierto es que la voracidad empresarial llevó a construir al menos dos desarrollos en una zona que es de anidación de tortugas y de bajo impacto, cuyas moles a simple viste se ven “desencajadas” del entorno ambiental de la zona.
Como denunció la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), se trataba a todas luces de un hecho de corrupción flagrante que fue denunciado desde hace meses, el cual, Grupo Pirámide dio cobertura puntual para dar voz a la sociedad civil.
A todo esto, la federación, a través de la Profepa, Procuraduría Federal de Proteccion al Ambiente, había colocado sellos de clausura que fueron violados de manera reiterada para seguir construyendo, con el solo documento municipal. Cada departamento cuesta en el mercado entre 800 mil dólares y hasta un millón.
Sigue en su puesto responsable
Lo inédito es que tuvo que intervenir el gobierno estatal para asegurar el inmueble, en bahía Solimán, a unos 10 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Tulum.
Irma Morales Cruz, abogada de la asociación civil, recordó que a pesar de denuncias, demandas de amparo y diversos procedimientos legales iniciados por ciudadanos y la asociación civil DMAS, la empresa Desarrollos Tulum Dieciséis se ha negado a parar labores de construcción del edificio, que cuenta con una orden judicial que solicita su demolición, procedimiento que se sigue su apelación en tribunales federales.
Lo insólito es que el responsable de otorgar los permisos “fake”, Lorenzo Miranda Miranda, titular de Desarrollo Urbano, además involucrado en una causa por despojo de tierras, también documentada en Grupo Pirámide, sigue en su puesto y en conferencia de prensa del propio municipio no pudo contestar sobre éstas y otras irregularidades en la caótica construcción en Tulum, que incluso, ya ha sido documentada por la prensa internacional, con estafas que acabaron en centenares de demandas.
Mientras todo ello sucede, el alcalde sigue en campaña adelantada.
