La Fiscalía General del Estado (FGE) rechazó que la detención de Lorenzo Bernabé “N”, exdirector de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tulum, tenga motivaciones políticas o electorales. Y aseguró que la acción judicial deriva exclusivamente de una denuncia por violencia familiar presentada por su expareja.
Rechazó el fiscal general del estado, Raciel López Salazar las versiones difundidas en redes sociales que atribuyen la detención a intereses políticos o electorales.
“Quiero aclarar que la detención de este sujeto no obedece a causas políticas o de tintes electorales, como se ha manejado en algunas redes sociales”, afirmó.
Subrayó que la institución actuó con apego a la legalidad y reiteró que no se tolerará ningún tipo de violencia contra las mujeres, independientemente de la posición o cargo que ocupe la persona señalada.
“Tratándose de quien se trate, no vamos a tolerar ninguna forma de violencia contra una mujer”, puntualizó.
Durante la Mesa de Seguridad, informó que agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron el pasado 10 de junio en el municipio de Benito Juárez una orden de aprehensión en contra del exservidor público.
Tras su captura, el imputado fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía en Playa del Carmen, donde quedó a disposición del juez de control que lo requería.
Agresiones
De acuerdo con las investigaciones, la víctima mantenía una relación sentimental con el acusado y denunció haber sufrido agresiones verbales y físicas durante la convivencia.
Entre los hechos denunciados se encuentra una agresión con un golpe en el rostro, así como un forcejeo que la mujer logró grabar con su teléfono celular cuando presuntamente intentaban arrebatarle el dispositivo.
La carpeta de investigación también refiere que, en una ocasión posterior, el imputado acudió al domicilio de la denunciante para insultarla, amenazarla y presionarla para que desistiera de la denuncia presentada en su contra. Según el testimonio de la víctima, el acusado le aseguró que perdería el proceso debido a que dependía económicamente de él y que enfrentaría consecuencias si continuaba con la acusación.
López Salazar sostuvo que los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación fueron suficientes para que un juez de control determinara imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
El fiscal precisó que será este martes 16 de junio cuando se defina la situación jurídica del exfuncionario, durante la audiencia correspondiente.
Además, existen en su contra señalamientos por irregularidades durante su paso por Desarrollo Urbano de Tulum.
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