Advirtió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Ayuntamiento de Tulum, encabezado por Diego Castañón Trejo, que podría enfrentar sanciones severas.
Entre ellas, la destitución del cargo y la consignación ante un Juez de Distrito o el Ministerio Público Federal, por el presunto desacato a la sentencia derivada de la Controversia Constitucional 68/2021, relacionada con la emisión del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL).
El origen del conflicto se remonta a noviembre de 2022, cuando la SCJN resolvió la controversia promovida por el municipio contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) e invalidó parte del Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable aprobado en 2021, al determinar que regulaba áreas naturales protegidas de competencia federal sin la participación de la dependencia ambiental.
En consecuencia, ordenó que Federación, Estado y Municipio elaboraran de manera conjunta un nuevo POEL.
Retrasos injustificados
En un acuerdo emitido el 7 de julio del presente año, el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, concluyó que el Ayuntamiento ha retrasado injustificadamente el cumplimiento de la sentencia al posponer en dos ocasiones la sesión del Comité del POEL y no convocar nuevamente a dicho órgano. Además de intentar aprobar el programa sin la intervención de la Semarnat.
La Corte requirió al gobierno municipal informar, en un plazo de cinco días hábiles, la fecha de la sesión para validar el calendario de trabajo, acreditar documentalmente las acciones realizadas para cumplir la sentencia e identificar a todos los servidores públicos y particulares responsables de ejecutar el fallo.
El máximo tribunal advirtió que las explicaciones genéricas o nuevos aplazamientos no serán considerados suficientes.
En caso de persistir el incumplimiento, impondrá una multa severa y continuará el procedimiento previsto en el artículo 107 de la Constitución, el cual contempla la separación del cargo de las autoridades responsables y su puesta a disposición de las autoridades judiciales o ministeriales competentes por desacato a una resolución de la SCJN. (Con información de Diario Cambio 22
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