Desde prisión, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, impulsa una demanda civil-administrativa para exigir una indemnización de 602 millones de pesos a la Secretaría de Marina (Semar).
Esto derivado de la revocación en 2018 de la concesión del cruce marítimo Playa del Carmen–Cozumel operado por Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe (Barcos Caribe) debido a la explosión de una embarcación en el muelle de Playa del Carmen, incidente que dejó personas lesionadas y evidenció fallas graves en los protocolos de seguridad.
La empresa, vinculada a prestanombres de Borge, perdió el permiso y posteriormente reclamó una compensación económica por la nulidad de la concesión.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ya había emitido una resolución que negó el pago de la indemnización, al avalar la actuación de la Semar.
No obstante, la compañía promovió recursos de revisión fiscal y una demanda de amparo directo, hoy radicados en el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, cuya ponencia quedó a cargo del magistrado Jorge Ojeda Velázquez.
El caso ha reavivado la polémica por los negocios y concesiones otorgados durante el mandato de Borge (2011–2016), quien enfrenta procesos penales por peculado y enriquecimiento ilícito y permanece recluido en Morelos.
Se prevé que en el primer semestre del año haya avances en la resolución que definirá si procede o no la restitución millonaria a la empresa señalada por irregularidades.
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