Chetumal, Quintana Roo.- El Congreso de Quintana Roo aprobó una serie de reformas «anticorrupción», entre las cuales destaca la ampliación a 12 años más de los titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE), con lo que supera al Legislativo en tiempos de Roberto Borge como gobernador.
Durante la sesión de hoy, Morena y sus aliados con el voto adicional del priista Filiberto Martínez Méndez, y la ausencia de los representantes del PAN y MC, ampliaron a 12 años más para ocupar la titularidad de la FGE, mientras que en en tiempos cuando dominaba el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el Poder Legislativo estatal, lo amplió a nueve años.
Es decir, la XVIII Legislatura con mayoría de Morena amplió en tres años más el mandato de quien esté al frente de la FGE.
En este caso se abre el camino para que Raciel López Salazar permanezca 12 años más en el cargo, a casi un año de su llegada.
Asimismo, se estableció una reducción a la edad requerida para ser fiscal en el estado, al pasar de 35 a 30 años.
También aprobaron que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el estado, sea un “órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, e independencia funcional y financiera” y que el titular también podrá estar 12 años más en el cargo.
Los diputados también aprobaron la desaparición del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), para crear el Tribunal de Justicia Administrativa Anticorrupción (JJA).
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Con ello, también dejará la presidencia de dicho organismo Antonio Villalobos, quien fungió como consejero jurídico del ex gobernador Carlos Joaquín, pero los actuales magistrados podrían participar en la terna que la gobernadora Mara Lezama Espinosa envie al Poder Legislativo para su designación.
En la sesión, también se aprobó que los legisladores locales podrán nombrar la persona titular del Órgano de Control Interno, de la secretaria Ejecutiva Estatal Anticorrupción, entre otros.
Y también ampliaron el período de los titulares de órganos internos de control a siete años, con posibilidad de reelección. Sin embargo, será la legislatura quien nombrará a los nuevos titulares en un plazo no mayor a 45 días hábiles después de la entrada en vigor del decreto.
