A pesar de la advertencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Gobierno mexicano y diversas instituciones públicas continuaron contratando empresas vinculadas con una red acusada de suministrar precursores químicos al Cártel de Sinaloa.
Desde la sanción emitida en mayo de 2023 contra Sumilab —empresa señalada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) por su papel en el tráfico de fentanilo—, las compañías pertenecientes al entramado familiar Favela López han recibido más de 190 contratos públicos y más de tres millones de pesos en adjudicaciones directas.
Aunque la sanción estadounidense congeló las operaciones de Sumilab, sus propietarios reorganizaron rápidamente sus otras firmas —entre ellas Favelab, Qui Lab, Storelab, Viand, Favela Pro y Marcerlab—, colocando a familiares y presuntos testaferros como administradores para seguir participando en licitaciones públicas.
Entre los contratantes figuran universidades estatales, hospitales y dependencias federales, como el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo y el Hospital Civil de Culiacán.
La OFAC identifica a este conglomerado como “una red de empresas químicas al servicio de Los Chapitos”, implicada en la producción de fentanilo y metanfetamina.
Sin embargo, en México las adjudicaciones continuaron incluso tras la designación oficial y las advertencias internacionales, evidenciando fallas en los mecanismos de control y supervisión de contrataciones públicas. (Con información de El País)
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