Al entrar en vigor por decreto el llamado “Plan B” en México, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo advirtió que sus efectos en el estado serán mínimos y sin un impacto profundo en el fortalecimiento de los procesos electorales o la vida democrática.
Por el contrario, señaló el presidente de este organismo, Eduardo Galaviz que la reforma implica una mayor injerencia del Poder Ejecutivo federal en la soberanía de estados y municipios, al condicionar decisiones presupuestarias y la integración de cabildos bajo el argumento de evitar dispendios. Aunque reconoció que existen casos de excesos en el ámbito local.
Transitorios, la salida fácil
El Observatorio explicó que, pese a las modificaciones constitucionales, varios de los cambios quedan sujetos a disposiciones transitorias que reducen su alcance real en Quintana Roo.
Como ocurre con el límite de regidurías en los ayuntamientos, que no necesariamente obligará a ajustes inmediatos.
En cuanto al tope presupuestal a los congresos estatales, este no aplicará de forma inmediata a la actual Legislatura. Por lo que, los diputados no verán reducciones en sus recursos salvo que decidan autorregularse, como ocurrió en Baja California.
Los gobiernos municipales y el Congreso deberán armonizar su marco legal antes del 30 de mayo de 2026, lo que pondrá a prueba la voluntad política local para aplicar estos cambios.
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