Por Alfredo Pacheco
Con datos de diciembre 2020 a cada quintanarroense nos toca asumir 13 mil pesos 450 pesos de la deuda del Gobierno de Quintana Roo. Esto nos ubica en segundo lugar en el país en deuda per cápita estatal.
La deuda adquirida el pasado 10 de marzo, de 820 millones de pesos, no solo incrementa nuestra deuda per cápita, sino que compromete para su pago el 25 por ciento de los ingresos federales para los próximos 20 años, lo que reduce en automático el presupuesto disponible de los siguientes gobiernos y, por lo tanto, su capacidad de planeación del desarrollo.
Compromete futuras generaciones
El gobierno del estado que encabeza Carlos Joaquín, fue elegido para el período 2016 a 2022 con un plan de gobierno aprobado en el Congreso del Estado.
Por lo que es, por lo menos, cuestionable que tome decisiones a completarse en un futuro, más allá de su administración. Y sobre todo, que condicione decisiones del presupuesto de otros gobiernos.
Esto es algo que, al parecer, no fue de importancia para los diputados que aprobaron este nuevo endeudamiento.
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Año electoral
Sin duda, los que hoy gobiernan tendrán recursos en un año electoral para obra pública, justificándose en la reactivación económica y el empleo, llevándose los beneficios de esta inversión.
Y al terminar su período dejarán comprometido el gasto y pasarán la entrega de resultados al gobierno que le sigue, sin asumir responsabilidad ni costos políticos, en caso de que la inversión no resulte como la promueven.
Esto refleja una falta de ética y espíritu democrático, así como la existencia de vacíos que son urgentes de subsanar para hacer realidad la rendición de cuentas.
Hipotecar futuro
No conocemos con exactitud las razones que tiene el “Gobierno del cambio” para hipotecar nuestro futuro más allá de una vaga defensa de la reactivación económica a través de una deuda que, muy probablemente, terminaremos pagando los ciudadanos con servicios públicos de menor calidad, menos beneficios sociales, más impuestos y posponiendo las decisiones que realmente son importantes.
Con tan poca claridad se puede concluir que este endeudamiento podrá ser legal, pero no es legítimo, y que se aprobó sin un debate público abierto e incluyente, por lo que quedará para el gobernador en turno y los diputados de la actual legislatura, el cuestionamiento de haber usado su encargo para destinar dinero público a objetivos particulares.
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Twitter: @alfredopacheco
* Maestro en Economía y Administración Pública
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