A los señalamientos de opacidad en la actual administración municipal en Benito Juárez, se suma el análisis que hizo la organización Transparencia por Quintana Roo, que indica de que de las 50 fracciones que debe transparentar, únicamente lo ha hecho en un 12% de acuerdo.
En 2017, el Congreso del Estado emitió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo y establece en el artículo 91 que “los sujetos obligados deberán publicar en la Plataforma Nacional y en sus portales de internet, en forma permanente y actualizada, con acceso al público y mediante procesos informáticos sencillos y de fácil comprensión, y de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información de carácter común, por lo menos, de los temas, documentos y políticas…”.
En el análisis que fue concluido en abril de este año, precisa que al revisar la fracción VIII referente al ingreso que reciben todos los servidores públicos de base o de confianza, señalan que encontraron que “el portal cuenta con la leyenda desde agosto del 2017 que se encuentra en proceso de actualización”.
En la siguiente fracción sobre los gastos de representación y viáticos así como el objeto e informe de comisión correspondiente, “no cuenta con los gastos en este concepto de toda la administración, y los archivos publicados de organismos descentralizados que parecen tener dicha información no se abren”.
Al concluir la revisión, la asociación civil detectó un cumplimiento del 12% (es decir seis fracciones) de las 50 que está obligado a transparentar y sólo una mínima parte de la información está en un formato accesible.
En lo que respecta a las 44 fracciones restantes, en cinco casos no cuentan con ningún tipo de información; y en otros 39 casos no se encuentra actualizada la información o lo publicado tiene datos parciales.
La Constitución y las leyes en materia de transparencia obligan a las autoridades a publicar la información, además de que deberán hacerlo en forma sencilla y en diversos formatos, “debiendo proporcionar la información histórica y actualizada conforme se vaya generando, por lo cual, la omisión por parte de la autoridad, transgrede principios como la constitucionalidad, legalidad, certeza, máxima publicad, entre otras”.
