Cancún, Quintana Roo.- El diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez; la diputada local, Reyna Tamayo, y la senadora Mayuli Martínez, del Partido Acción Nacional (PAN) ingresaron una denuncia penal en contra de Javier May Rodríguez, en su carácter de Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), por el descarrilamiento del Tren Maya.
A través de un comunicado, los panistas explicaron que la denuncia contra el actual gobernador de Tabasco, debido a que intervino durante la etapa de adjudicación y construcción del Tramo 3 del Tren Maya, misma que hace dos semanas se descarriló.
“La denuncia que estamos presentando tiene que ver sanciones penales en contra de quienes han saqueado el erario público, comprado materiales de mala calidad y no han supervisado con pulcritud la obra del Tren Maya”.
Ernesto Sánchez explicó que hay indicios de que este proyecto se llevó a cabo con corrupción, dándole contratos a los amigos de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y abusando de los cargos que el gobierno pasado tenían los «funcionarios cuates» de José Ramón y de Andy.
Por otra parte, las irregularidades contractuales detectadas en los contratos TM-TRAMO3/20-OI-03 y PTM TRAMO3/23-OI-04, que derivaron en pagos indebidos y sobrecostos superiores a 155 millones de pesos, configuran la figura de uso ilícito de atribuciones y facultades y administración fraudulenta en contratos públicos, tipificada en los artículos 217, fracción I y 222 del Código Penal Federal, en correlación con los artículos 53 y 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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Indicaron que se trata de una aplicación de recursos públicos en perjuicio de la Hacienda Federal, que constituye un manejo irregular y doloso que atenta contra la correcta administración del patrimonio público.
Además, resulta necesario precisar que la Auditoría Superior de la Federación observó pagos indebidos adicionales: por los importes correspondientes a 10 millones 102 mil 400 pesos por cercado perimetral no colocado o sobrevaluado, 461 mil 541.89 pesos por diferencias en estructura metálica y 140 mil 461.54 pesos por errores aritméticos en cálculo de financiamiento.
Estos hallazgos no se limitan a cuestiones contables: son indicios de actos administrativos y contractuales que contribuyeron directamente a la falta de calidad de las obras, así como a la falta de supervisión de Fonatur, a través de sus titulares Rogelio Jiménez Pons, Javier May Rodríguez, Lyndia Quiroz Zavala y Sebastián Ramírez Mendoza, sumada a la omisión de la empresa Tren Maya, S.A. de C.V., dirigida al momento de los hechos ejecutados por el Gral. Óscar David Lozano Águila, de los que derivaron fallas estructurales y operativas que se materializaron en el accidente de Izamal.
Es importante destacar que, según información pública difundida por medios nacionales e internacionales, el Tren Maya acumuló pérdidas operativas por 5 mil 807 millones de pesos entre diciembre de 2023 y junio de 2025, con un subsidio diario de 12 millones de pesos del erario para sostener su operación. Por cada peso recaudado, el gobierno federal tuvo que destinar 108 pesos en subsidios, lo que revela no solo deficiencias técnicas, sino también inviabilidad económica estructural, finalizaron los diputados del PAN.
