Los propietarios de inmuebles de renta vacacional (AirB&B) deberán validar el parentesco entre sus huéspedes, específicamente entre adultos y menores y, de no hacerlo, podrán ser acreedores a multas entre 12 a 105 mil pesos, de acuerdo con una iniciativa que ayer admitió el Congreso de Quintana Roo.
Además, los propietarios podrían perder el permiso para seguir operando en esta modalidad en el Estado, de acuerdo con esta reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Quintana Roo, como una forma de combatir el turismo sexual en el destino.
Se propone un artículo, 11 Bis, que obliga a los anfitriones a que en caso de que alguno o algunos de los huéspedes sean menores de edad, se soliciten documentos para acreditar el parentesco. Si se detecta que no existe la relación familiar, se deberá informar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo.
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