En el año 2013 publiqué parte de este reportaje sobre las villas CREA que vuelve al interés público.
Por Luciano Núñez (Con fragmentos de un reportaje publicado en 2013)
Mientras el gobierno de Carlos Joaquín González trabaja para recuperar las villas del
Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA), en Zona Hotelera, el responsable de su venta, el ahora senador Félix González Canto, cuyo gobierno las transfirió por la mitad de su valor comercial, se apresta a comandar el proceso electoral que está en puerta.
Para ello, incrustó a sus más cercanos colaboradores en el gobierno de Remberto Estrada Barba, como la ex coordinadora de medios de Mauricio Góngora: Indira Carrillo (foto) y su propio pariente político, Elías Farah, secretario privado del alcalde del Partido Verde.
En el año 2013 realicé un reportaje sobre el CREA, cuyo contenido vuelve a tener actualidad. Sus actores políticos y el trasfondo siguen intactos. Ya durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, tres diputados intentaron en vano hacerle juicio político al ex gobernador que impuso en su momento a Roberto Borge contra todo el aparato del PRI.
Vega Serrador, en zar de las gasolineras
El nombre de los beneficiarios del CREA fue Caveri Servicios Inmobiliarios S.A de C.V, empresa propiedad de los magnates de la gasolina, Manuel Vega Serrador y Anuar Fayad Hassan, quienes protocolizaron la compra a través de su notario de cabecera: José Antonio Arjona Iglesias, ex titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Quintana Roo, inhabilitado por cometer irregularidades y presuntos actos de corrupción. No son los primeros negocios que entablan con el sexenio pasado. También fueron privilegiados para contar con alrededor de 50 expendios de gasolina.
IPAE fue la clave
Para entender la transacción del CREA es necesario hablar del desaparecido Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. Allí, durante su gobierno González Canto colocó a su comadre, la arquitecta Gina Patricia Ortiz Blanco. El instrumento jurídico era un guante a medida para facilitar la venta de terrenos de gran plusvalía en detrimento de la ciudadanía.
En pocas palabras: el IPAE daba en algunos párrafos “superpoderes” al Ejecutivo para disponer de los bienes muebles a inmuebles del Estado: “Artículo 7.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado podrá determinar la adquisición, afectación o destino de un inmueble para uso común, mediante Decreto que deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado”, aunque según el artículo 15 del Reglamento de dicha Ley, “Sólo podrán desincorporarse del régimen de dominio público los bienes correspondientes, cuando así lo decrete la Legislatura del Estado. Para tal efecto el Ejecutivo Estatal, previo dictamen del Comité, solicitará a la Legislatura que así lo acuerde. En todo caso el Ejecutivo Estatal motivará y fundamentará su solicitud”.
Nunca pasó por Congreso CREA ni terrenos de Uqroo
Hasta donde recuerda el ex diputado José Hadad Estéfano (2008-2011), nunca desincorporaron este inmueble del dominio público para pasarlo a privado y poder concretar su venta. “Nunca pasó por el Congreso ni ese ni el tema de la Universidad de Tulum que se cambiaron por un campos en Playa del Carmen, eso nunca pasó por el Congreso, pero se suponía que debía haber pasado”, decía en aquel entonces el panista, quien además advertía: “Ahí hay un delito flagrante. A menos que hayan falsificado un decreto, porque ese terreno no era del IPAE. O en todo caso, debió haberse aprobado su desincorporación para su venta. Sino imagínese, cualquier gobernador haría lo que se le diera la gana con el patrimonio del gobierno del estado”.
Opositores iban por juicio político
“Lo que vamos a hacer es fortalecer la denuncia de juicio político y vamos a presentar denuncias penales porque eso es daño patrimonial”, decía en ese entonces el diputado del PRD Antonio Meckler Aguilera, ahora regidor en Benito Juárez. Quien era su compañero en aquel Congreso, Baltazar Tuyub, además coordinador de la fracción del PAN, adelantó que desde el Congreso del Estado investigarían primero, cuánto fue desincorporado como bien público para poder ser vendido en casi la mitad del costo del metro cuadrado en la Zona Hotelera de Cancún. “Es una muestra más de cómo Félix González Canto, siendo gobernador, no sólo endeudó el estado, sino que vendió el patrimonio de los jóvenes que le tienen que reclamar por su irresponsabilidad de entregarlo a la iniciativa privada”.
La mejor ubicación a precio de ganga
El precio real de los 10 mil 015 metros cuadrados supera los 63 millones de pesos, según lo documentó la fundación “Somos Tus Ojos”. Vega Serrador, en cambio, pagó 38 millones 961 mil 244 pesos, la mitad, por un predio dotado con una de las mejores playas de Cancún, donde según los expertos van a parar los arenales que se “fugan” de otras playas por su ubicación y las corrientes marinas. Se trata del tramo costero ubicado en el kilómetro 3.
“Eso se llama corrupción –no dudaba en calificar Tuyub- , porque fue atentar contra el patrimonio de los Quintanarroenses”, decía después de que saliera a la luz la transacción que se mantuvo en las sombras por dos años.
“Saqueador del estado”
“Vamos de dejarle en claro a la gente que Félix González Canto es un saqueador del estado, que mientras yo esté en una posición donde pueda señalar, lo voy a hacer y haré la parte que me corresponde como ciudadano”, lanzaba por esos años Tuyub con dureza.
A finales del año pasado, el abogado Héctor Pérez Rivero presentó los documentos de la venta de las “exVillas Juveniles del CREA” –divididas en tres lotes– a Caveri Servicios Inmobiliarios. “En aquella época”, apuntó, “el metro cuadrado costaba mil dólares y ahora vale mil 200 dólares en esta parte de la zona hotelera, lo vendieron a una quinta parte de su valor”, confirmó a Proceso.
Historia del predio
Las Villas del Crea ubicadas en el kilómetro 3 de la Zona Hotelera es un albergue que perteneció al Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud; comenzó a ser construido en 1978 por el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), bajo el concepto de hoteles socioculturales.
Tenía capacidad para 650 camas y tuvo notable éxito durante sus primeros años. La falta de inversión motivó que el edificio sufriera daños hasta que ya no fue funcional. El ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz intentó recuperarlo con una inversión fuerte bajo el concepto de hotel escuela (se habló de 33 millones de pesos, y la administración de la Universidad del Caribe a través de un fideicomiso), pero el proyecto no alcanzó a cuajar.
Wilma acabó con el proyecto
El último intento de recobrar su esplendor se llevó a cabo en 2010 para albergar al Centro Nacional de Capacitación en Alto Turismo (Cenaltur), con inversión conjunta de los gobiernos de Francia y México por alrededor de 60 millones de pesos. De hecho, comenzó la primera etapa de la obra que fue entregada en abril de ese mismo año. Félix González Canto arrancó con la segunda etapa con una inversión de 12 millones de pesos, pero el huracán Wilma arruinó la operación de rescate. Desde ese año el lugar quedó en el abandono y finalmente el IPAE delimitó el predio con malla perimetral y un cartel que la demarca como propiedad del gobierno del estado.
A comienzos de 2011 el IPAE concretó la venta a Caveri que inmediatamente promovió un cambio de uso de suelo cuando finalizaba el interinato de Jaime Hernández Zaragoza. El rechazo social anuló las intenciones, pero el asunto de fondo nunca quedó resuelto y las villas siguen como un elefante blanco, inmensas y destruidas, y como un símbolo de algo que no acaba de caer.
