Gobierno y Ayuntamiento obligados a invertir en zona limítrofe.
Por tercera ocasión, el Poder Legislativo etiquetó dinero público para construir en 2023 el acueducto de 35 kilómetros, desde Guillermo Prieto hasta la comunidad el Tesoro, en la zona limítrofe.
Esto significa que habrá más dinero dirigido a la atención de añejas peticiones, como mejorar sus caminos, construir centros de salud y escuelas, así como retomar verdaderos programas de apoyo al campo, los cuales fueron abandonados con el pretexto de tratarse de una zona que está en litigio.
La determinación plasmada en el artículo quinto transitorio de la Ley de Egresos para el siguiente año, en donde se estableció una previsión de 170 millones para el mencionado acueducto.
Esto es resultado del litigio legal que los habitantes de las comunidades limítrofes y su también representante legal, Andrés Blanco Cruz sostuvieron y lograron ante el Poder Judicial de la Federación para ejercer su derecho al agua.
Pero también, es una clara muestra de las excusas que los gobiernos de Quintana Roo y de Othón P. Blanco han sostenido para negarse a dar la atención a las demandas sociales de las cerca de 40 comunidades existentes en la zona en litigio, advirtió el Abogado.
En vísperas de conocerse el programa anual de inversión pública del gobierno de Othón P. Blanco y ante el anunció de la gobernadora, Mara Lezama, sobre privilegiar la atención para los habitantes de esa parte de Quintana Roo, se mantiene entre los pobladores la solicitud de invertir en el mejoramiento de la red de caminos para mejorar la movilidad y la comunicación, con el resto del Estado.
La posibilidad de acudir ante los tribunales para volver obligar a la Secretaría de Obras Públicas y al Ayuntamiento capitalino a tomar en cuenta a la zona limítrofe en sus planes de inversión siempre esta latente, pero confiamos que al aclararse la posibilidad de invertir dinero público a favor de esas comunidades las autoridades nos tomen en cuenta y no exista la necesidad de pedir la intervención de los Juzgados Federales, consideró Blanco Cruz.
Desde 2018 el gobierno de Quintana Roo ha ejercido 76 millones de pesos para cumplir las sentencias que los obligaron a construir el sistema hidráulico para dotar de agua potable en cuatro localidades.
El Ayuntamiento de Othón P. Blanco en diversas administraciones se ha negado sistemáticamente y ha recurrido a diversas argucias legales para no atender las demandas de la población de esos lugares.
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