Grupo Pirámide
Así como este Estado, generoso y noble con los migrantes, abrió sus puertas a Oscar Montes de Oca y Alberto Capella, ex fiscal y secretario de Seguridad pública, para lo cual, debió modificar la Constitución para reducir los años de vecindad, ayer, el Congreso del Estado le dio un contundente respaldo a la propuesta de la gobernadora, Mara Lezama, para designar al nuevo fiscal y abatir el enorme rezago que existe en la procuración de justicia de Quintana Roo.
La disyuntiva: fiscal local o foráneo ha sido y seguirá siendo debatida, siempre, a la luz de los resultados.
Quintana Roo es un Estado construido por migrantes, tanto de la geografía mexicana como del resto del mundo.
Y Raciel López Salazar viene con una misión por demás compleja: de más de 50 mil denuncias que se registran cada año en el Ministerio Público, menos del 1 por ciento llegan a judicializarse.
Es ocioso decir que los juzgados son un canto al olvido y que la Fiscalía requiere de cirugía mayor, a corazón abierto, para dar respiración artificial a la esperanza en la consecución de justicia.
Graves yerros
Montes de Oca llegó con Alberto Capella y, a la luz de los resultados: los graves casos de corrupción denunciados (como el exigir a una madre el pago en dólares para emitir una alerta) la falta de resultados para las Madres Buscadoras y la creciente proliferación de grupos criminales, no correspondieron a ese enorme esfuerzo y confianza depositada. Desde este espacio le hemos dado puntual seguimiento a yerros atroces, como la represión a la marcha feminista, cuyos responsables todavía no fueron tocados por la mano de la justicia.
Porque no sólo se trata de reparar un daño económico, es decir, el costo de curar el orificio de una bala, sino castigar al servidor público que accionó un arma para dañar a quien debe cuidar, o al menos, respetar sus Derechos Humanos.
Ya no hay marchas en el mundo que se repela con balas de plomo. Cientos de desaparecidos no son identificados en las numerosas fosas comunes que son cada vez más comunes, en diferentes municipios.
Forma y fondo
Ahora, la apuesta es López Salazar, con vasta experiencia y ex delegado de la Fiscalía General de la República en Quintana Roo.
Los diputados le han otorgado un espaldarazo unánime, de 23 de los 25 votos posibles, con sólo dos ausencias.
Ahora, los sectores sociales y fuerzas vivas esperan un giro en la forma y fondo de la Fiscalía.
El llamado cobro de piso, secuestros y desaparición de personas son delitos de alto impacto que presentan números rojos en Quintana Roo, que había estado por años al margen de estas calamidades.
La violación de los Derechos Humanos por parte de policías y servidores públicos no son tampoco un asunto menor; ni los diputados saber qué hacer con tantas recomendaciones que no se han cumplido y que ahí están, son una realidad, y muy cruda.
En ese sentido, un titular interino menos ayuda a equilibrar la balanza de la justicia.
Es otro gran reto, consolidar ese organismo clave en al avance institucional que, por perjuicio de la anterior legislatura, sigue en “stand by”.
Por el bien de Quintana Roo el nuevo fiscal tiene el respaldo político y, en la medida de sus acciones, podrá contar con el social y de los colectivos, algo todavía lejano y que, inexorablemente tendrá que ver con los resultados. Se habla de un rezago de cerca de 200 mil carpetas de investigación.
Esta designación tiene una vigencia de 9 años, según la reforma de la Constitución; sin embargo, el carácter de la gobernadora está enfocado en los resultados y la seguridad es prioridad.
Ya el tiempo está corriendo para comenzar a labrar una nueva imagen y reestructurar la Fiscalía, como anunció ayer en sus primeras intervenciones públicas. Eso esperamos los quintanarroenses.
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