Lo que empezó como un proceso legal de pensión alimenticia, ha resultado contraproducente a la demandante debido a un conflicto de intereses en los Juzgados Familiares Orales, de acuerdo con una denuncia pública de la madre de familia Flor Delfina Matos González.
“Nos llamaba la atención a mi abogada y a mí que nos ponían muchas trabas desde el inicio. Acudíamos a amparos, apelaciones y quejas porque todo era muy negativo hacia lo que yo solicitaba. En realidad no estaba solicitando gran cosa, sino el incremento de la pensión”, explicó en entrevista telefónica.
Mientras a ella se le negaban peticiones elementales y se le impedía a su abogada el uso de la palabra en plena audiencia, los requerimientos del padre de los menores eran aprobados de forma expedita, otorgándole incluso beneficios que ni siquiera habían sido solicitados formalmente.
Hace unos días fue de conocimiento de la afectada que la actual pareja sentimental del demandado, Oscar Antonio GM, tiene un cargo como Administradora del Juzgado, de nombre Lizbeth Angélica SK.
“Ahí todo tuvo sentido. Esos retrasos en el expediente, el concederle a él todo lo que pedía y negarme a mí todo. Es lógico pensar que hay “mano negra”. Existe un uso de poder para favorecer a una persona, cuidando que el señor no suelte más dinero, sino todo lo contrario, ya que él propuso la reducción del porcentaje de la pensión”, denunció Matos González.
Dado que tenían antecedentes de irregularidades documentadas, ante este nuevo descubrimiento procedió a levantar las quejas ante las instancias correspondientes, solicitando que se tomen las medidas conducentes para garantizar que su proceso no esté viciado, ya que esta relación entre el acusado y la funcionaria pública es un evidente conflicto de intereses.
Violencia en contra de los menores
Del ámbito económico, el problema escaló a un tema de violencia, que también ha sido documentado y denunciado. Luego de que una de las modificaciones aprobadas legalmente permitiera convivencias más amplias con el padre, los menores comentaron a su madre que recibían malos tratos por parte de la nueva pareja de su progenitor, quien también tiene dos hijos biológicos.
“Hacen mucha diferencia entre lo que les dan a unos y les dan a otros. Ellos siempre llegan tristes, llegan llorando, llegan quejándose, llegan decepcionados de su papá, porque su papá no los trataba de esa manera”, acusa la denunciante.
Tras no encontrar una respuesta positiva por parte del padre, quien obligaba a los niños a «hacer lo que su pareja dijera», Matos González interpuso un amparo para suspender de inmediato las visitas, con el fin de salvaguardar la integridad de los menores de 7 y 9 años, mismo que está en en proceso.
«Es muy frustrante que tengamos que lidiar con los funcionarios públicos que se supone están para cuidar y proteger los intereses de los menores. Esto no es solo un pleito entre adultos, hay dos niños de por medio que están saliendo afectados», concluyó.
