Cancún, Quintana Roo.- Debido a un juicio laboral que duró 20 años, las instalaciones del club Las Velas Resort, ubicado en el kilómetro 3.5 de la zona hotelera de Cancún, fueron desalojadas para embargar este inmueble, explicó Félix Torres Alcocer, abogado de cuatro de 20 trabajadores que demandaron a la empresa Organizadora Turística Internacional (Otisa).
«Ahora se está realizando el desalojo a favor de los 16 trabajadores, porque el señor (Tomás Auñón) está ocupando ilegalmente. Después de esto, se va a poner a disposición el mobiliario que se esté sacando a disposición de ellos, donde nos indiquen, porque la propiedad es de los trabajadores y se tiene que dividir entre los trabajadores», explicó.
Las demandas laborales fueron, en algunos casos, por despido injustificado y en otros porque se les rescinde la relación de trabajo con la empresa,las cuales fueron ganadas por los trabajadores, que tomarán posesión del inmueble, valuado en 99 millones de pesos.
“Al no haberse hecho el pago, los trabajadores tienen derecho a embargar propiedades de la empresa, en este caso fue el hotel, ubicado en la manzana 30, en el lote D-9-2, que le pertenecían en propiedad a Organizadora Turística Nacional. Se embarga el inmueble, junto con derechos que tenían como fideicomitente y fideicomisarios en un fideicomiso constituido”, añadió.
Sin embargo, Eduardo Martín Medina, representante de Tomás Auñón, consideró que esta diligencia se ha conducido con arbitrariedad, pues los policías que intervinieron en este proceso, no lo dejaron acceder a la propiedad embargada para brindar asesoría a su cliente.
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También ocurrieron otros abusos como que no les hayan dejado verificar que el desalojo se realice garantizando la salvaguarda de las pertenencias de la familia Auñón, pues incluso se les ordenó abrir una caja fuerte.
Además, Tomás Auñón acusó que no se puede llevar a cabo ni el desalojo ni el embargo, porque la propiedad forma parte de un fideicomiso en el cual forma parte un banco.
Y, añadió, hay un amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito, desde el año 2020, contra el juicio laboral, el cual aún no se resuelve, por lo que confió en que regrese el inmueble a su custodia, el cual según un avalúo que tiene, vale más de 900 millones de pesos.
