Chetumal, Quintana Roo.- La abogada Araceli Andrade Tolama anexó al juicio político contra Verónica Acacio, una prueba más de que la magistrada del Poder Judicial del Estado opera como juez y parte.
Se trata de una copia certificada reciente del despacho de abogados «Coorporación Juridica Acacio, Sociedad Civil» en el que se comprueba que la señalada es dueña del 80%.
El Artículo 100 de la Constitución Política del Estado indica que ningún servidor público del Poder Judicial en la entidad podra tener, servir o desempeñar al mismo tiempo otro empleo, cargo o comisión, con el fin de que no perjudique sus funciones y labores actuales.
«La forma en la que opera ella es que hace pactos con el fiscal -Óscar Montes de Oca Rosales- para resolver sus asuntos y también lo hace a través del licenciado Gaspar Buenfil, quien es socio del despacho, pero también agente del Ministerio Público inactivo en la Fiscalía», dijo la litigante.
De acuerdo con los testimonios que han sido recopilados, la magistrada, mediante intermediarios, supuestamente pide alrededor de cuatro millones de pesos para dictar fallos a favor.
«Ella hace negocios a través de su despacho, cuando está completamente impedida», dijo y recordó que fue señalada de interceder a favor de su amigo, el empresario, Sergio León Cervantes, en el juicio 148/2022.
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Andrade Tolama explicó que pese a que la XVI Legislatura está a punto de concluir sus labores, la Comisión de Justicia del Congreso, tiene la responsabilidad de analizar el juicio político presentado en contra de Verónica Acacio, quien deberá pasar por un proceso de ratificación en noviembre.
«Hicimos un llamado al nuevo presidente del Poder Judicial (Heyden Cebada Rivas) para que observe la corrupción que existe al interior por parte de sus propios compañeros y que no la ratifiquen como magistrada, porque está en investigación», señaló.
