Una nueva controversia se abrió entre autoridades federales y municipales luego de que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) presentara una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra un funcionario del ayuntamiento de Tulum que participó en la clausura de módulos de cobro operados por Grupo Mundo Maya, organismo vinculado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De acuerdo con información difundida por diversas fuentes locales, la denuncia deriva de un procedimiento realizado por personal de Fiscalización municipal, que colocó sellos de clausura en módulos que presuntamente operaban sin contar con la totalidad de los permisos requeridos por la autoridad local y que, además, se encontraban fuera del polígono correspondiente al Parque del Jaguar.
La actuación municipal generó posteriormente la intervención de instancias federales y derivó en la presentación de la denuncia ante la FGR, aunque hasta el momento no se han dado a conocer públicamente los detalles del expediente ni los argumentos jurídicos que sustentan la acción legal.
Diversos sectores de Tulum han cuestionado la denuncia al considerar que el funcionario involucrado habría actuado en ejercicio de las facultades que corresponden al municipio en materia de inspección, verificación y regulación de actividades comerciales dentro de su jurisdicción.
En ese contexto, ciudadanos y representantes del sector turístico han señalado que las acciones del Ayuntamiento estarían respaldadas por las atribuciones previstas en el Artículo 115 de la Constitución, que reconoce la autonomía municipal para administrar y vigilar el cumplimiento de sus reglamentos.
El caso también reavivó el debate sobre la relación entre autoridades federales y municipales en Tulum, particularmente en torno al control y administración de espacios ubicados dentro del Parque del Jaguar.
Empresarios, artesanos, lancheros y prestadores de servicios turísticos han manifestado en distintas ocasiones inquietudes por las restricciones implementadas en la zona y por los cambios en la operación de actividades económicas que históricamente se desarrollaban en áreas ahora bajo administración federal.
Para algunos actores locales, la denuncia podría interpretarse como un nuevo episodio dentro de los conflictos de competencia entre distintos órdenes de gobierno en uno de los principales destinos turísticos del país.
La controversia surge además en un escenario marcado por señales de desaceleración económica en diversos sectores de Tulum, así como por reportes de menor ocupación turística y cuestionamientos empresariales relacionados con las condiciones de operación dentro del Parque del Jaguar.
Representantes de la iniciativa privada han señalado en diversas ocasiones la necesidad de establecer mecanismos de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para definir reglas claras sobre el acceso, aprovechamiento y regulación de espacios turísticos.
Hasta ahora, ni la CONANP, ni Grupo Mundo Maya, ni la Fiscalía General de la República han emitido información detallada sobre el contenido de la denuncia ni sobre el estado procesal del caso.
El desarrollo de este expediente mantiene la atención de ciudadanos y prestadores de servicios, en medio de una discusión que vuelve a colocar en el centro del debate los alcances de las facultades federales y municipales dentro de la principal zona turística de Tulum. Con información de Caribe Peninsular.
