Por Grupo Pirámide
Socios y directivos de la concesionaria Aguakan han logrado postergar la celebración de la audiencia inicial de formulación de imputación y vinculación a proceso, con la cual, un juez federal les resolverá su situación legal con relación a una denuncia penal por lavado de dinero interpuesta por autoridades estatales.
La nueva fecha para la celebración de esta audiencia está programada para la mañana del 7 de mayo próximo, en el Centro de Justicia Penal Federal de Quintana Roo, ubicado en el municipio de Benito Juárez, donde se busca que comparezcan los socios y directivos de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, sociedad mercantil propietaria de la empresa.
La audiencia en un principio estaba programada para el 3 de marzo; aunque posteriormente fue re-programada para el 27 de marzo último, acto procesal que finalmente no se celebró.
Concesión de manera ilícita
De acuerdo con el expediente 258/2024 relacionado con la causa penal por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita, la audiencia se encuentra programada para su inicio a las 11 horas, en la cual se leerán los cargos por los que se le acusa a Paul Andrew Rangel Markley, director de Aguakan, y a otros socios de la empresa, entre ellos a Jorge Ballesteros Franco, se ha podido leer en expedientes federales consultados.
A partir de esta audiencia (en caso de llevarse a cabo), un juez determinará si los socios son imputados por el delito en cuestión para iniciar el proceso penal en forma; además, si continúan el proceso en libertad o bajo prisión, la medida más grave que les pudieran imponer.
De acuerdo con información brindada por la propia empresa, ellos han sido acusados, según su apreciación, de manera injusta tras la obtención de la ampliación de la concesión del suministro de agua potable y alcantarillado hasta el año 2053 en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen (antes Solidaridad).
Lo anterior cuando entregaron más de mil millones de pesos al gobierno estatal en turno, como objeto tipo garantía de la contraprestación.
En un comunicado emitido en febrero pasado, acusaron de un hostigamiento jurídico, tras estos actos que fueron iniciados con el retiro de la concesión, aprobada por el Congreso de Quintana Roo a finales de 2023.
Se excusan en su edad
Socios y directivos de Aguakan han buscado comparecer a la citada audiencia inicial mediante videoconferencia, así lo demuestran recursos judiciales de amparo que han tramitado en semanas recientes.
Alegan que su avanzada edad no les permite presentarse físicamente ante el juez de control federal. Algunos de ellos superan los 60 años, lo cual, han puesto de manifiesto en estos recursos que han promovido para evitar presentarse de manera personal ante el juez.
De acuerdo con el expediente 110/2025 que resolvieron magistrados del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, Jorge Ballesteros Franco se acogió a esta excusa; sin embargo, no se le dio tal beneficio el pasado 20 de marzo.
Desde entonces, junto con él, los otros denunciados han presentado juicios similares.
No obstante, ellos cuentan con suspensiones contra detención que ganaron entre los meses de enero y febrero, principalmente, luego de que sus nombres fueran ventilados con alertas rojas emitidas por la Interpol, de acuerdo con expedientes consultados.
Con la negativa impuestas por jueces federales, los socios y directivos deberán presentarse de manera presencial en mayo próximo y escuchar de propia voz del juez de control las acusaciones y veredicto.
Pleito aparte por el retiro de la concesión
A la par que los socios y directivos dirimen su situación por su situación penal por el retiro de la concesión, el Juzgado Octavo de Distrito resuelve el juicio de amparo del expediente 1323/2023, con el cual Aguakan logró una suspensión definitiva contra el retiro de la concesión aprobada a finales de diciembre de 2023 por la legislatura local.
Según expedientes consultados, este juicio está entrando en su etapa final porque el pasado 26 de marzo se celebró la audiencia constitucional, la cual durante más de un año se había postergado.
Se trata del último acto procesal, antes de la probable emisión de la sentencia definitiva, según la Ley de Amparo. En caso de que sea favor de la concesionaria, las cosas se mantendrán como hasta ahora con el servicio que se brinda en los cuatro municipios, pero en caso de que sea en contra, se abrirá el camino legal para que el Gobierno de Quintana Roo recupere la concesión, como lo ha venido anunciando.
