Acoso sexual, detenciones arbitrarias, discriminación, perfilamiento racial, separación familiar, hacinamiento, amenazas y castigos; impedimento de visitas o llamadas telefónicas con abogados, familiares y representación consular; retenciones por arriba del tiempo permitido, negligencia médica, alimentos en mal estado, negativa a dar información sobre el refugio y extorsión son algunos de los hechos que suceden y que cometen impunemente agentes federales dentro de la estancia migratoria de Cancún, en Quintana Roo, de acuerdo con una serie de testimonios, especialistas y documentos consultados para esta investigación.
Pese a que la ley indica que todo extranjero detenido tiene el derecho a conocer la ubicación de la estancia a la que se le traslada y a ser informado del motivo de su ingreso, a Andrea no le dieron ninguna explicación.
“Me llevaron a la estación y uno de los agentes me dejó hacer una llamada, a mi amigo, para que me llevara mis cosas. Me las llevaron, eso fue un jueves. Y a mí me tomaron la declaración hasta el lunes en la mañana”, dice una joven, quien, como cualquier turista, tiene hasta 180 días para transitar libremente por el país. Los agentes intentaron extorsionarla. Como su plazo vencía en dos semanas, se aprovecharon y la encerraron hasta que se venciera el tiempo, como un método de presión.
En 2022 se hicieron públicas al menos tres detenciones arbitrarias de turistas en Cancún. Una de ellas, la de María Fernanda Vallejo, joven argentina de veintinueve años, cobró mayor notoriedad.
Desde 2020 se encontraba viajando por México. Fue detenida el 1 de febrero de 2022 por agentes migratorios en el aeropuerto de la ciudad, pese a que contaba con visado y permiso para permanecer en el país hasta marzo de ese año.
Fue trasladada a la estancia, donde se le intentó extorsionar con 2 500 dólares que no pagó. Y solo porque el caso se hizo viral en redes sociales, porque intervino el consulado argentino y porque Graciela Chamorro, la madre, lo difundió en medios mexicanos e internacionales, a María la dejaron en libertad.
Cancún es el punto de internación más importante de México. Por el aeropuerto internacional de esta ciudad ingresan más extranjeros que por ningún otro lugar del país. Cada año llegan por esta vía casi diez millones de personas, de acuerdo con datos del INM, de los que seis millones son turistas. Es también un punto clave en la ruta migratoria hacia Estados Unidos para personas que provienen del resto de América Latina y el Caribe.
El INM es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que tiene, entre sus facultades, la misión de vigilar la entrada y salida de personas al territorio nacional y revisar su documentación. Tiene a su cargo las estaciones y estancias migratorias de todo el país, donde alojan temporalmente a los extranjeros que no puedan acreditar su situación migratoria regular.
La estancia de Cancún, con capacidad para 96 personas, ha sido polémica desde un inicio
Fue construida en 2012 con una inversión de 78.7 millones de pesos, pero inició operaciones hasta agosto de 2020, lo que la convierte en una de las más nuevas. Su edificación estuvo a cargo de Proyectos La Silla, cuyo socio es Gerardo Arturo Peña Jara, sentenciado a cinco años de cárcel por fraude inmobiliario en 2021. Desde su inauguración y hasta diciembre de 2022, aquí han sido retenidas 2 535 personas de más de cincuenta nacionalidades, de acuerdo con datos del INM obtenidos vía Transparencia.
Las detenciones de personas en contexto de movilidad han aumentado dada la presión de Estados Unidos por frenar la migración desde Centroamérica y porque México ha aceptado fungir como muro de contención, incluso con la participación de militares en operativos y retenes. Los que tienen mayor probabilidad de pasar por aquí son aquellos migrantes provenientes de Cuba, Venezuela, Guatemala, Argentina, Colombia, Honduras, El Salvador.
Algunos de ellos, países con regímenes autoritarios o con violencia y pobreza exacerbada
También se reportaron migrantes extracontinentales, que llegaron de India, Turquía, Uzbekistán, Rumania, Egipto, Nepal, Yemen, Irán. Pero son los cubanos quienes ocupan el primer lugar de personas retenidas (30.4% del total) y quienes con mayor frecuencia son víctimas de extorsión.
Grupo de Seguridad Privada Camsa es la empresa encargada de la seguridad de las estaciones migratorias en veintitrés estados en México, incluida la de Cancún.
Fue contratada por el INM de manera irregular por un monto de 165 millones de pesos y, según una revisión de Connectas, no se encuentra en el padrón de proveedores autorizados.
Al momento de la contratación tampoco contaba con capacidad para brindar tal servicio, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Lo más grave es que la firma está siendo investigada por su presunta responsabilidad en la muerte de al menos cuarenta migrantes que se encontraban detenidos el pasado 28 de marzo en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Estas personas, que habían sido detenidas y encerradas, protestaban supuestamente porque sabían que serían deportadas y no habían podido tomar agua, según reveló la prensa.
La primera versión oficial indicó que uno de ellos provocó un incendio con los cables de la instalación eléctrica, el cual creció sin que los elementos de seguridad ni los agentes migratorios hicieran algo por salvarlos. “Un crimen de Estado”, señalaron organizaciones defensoras de derechos humanos.
Acoso sexual
Sabrina, una joven argentina a quien se le cambió el nombre para proteger su identidad, no tuvo dinero para pagar los dos mil dólares que le pidieron como cuota para liberarla de la estancia migratoria de Cancún, así que tuvo que pasar dos semanas retenida en lo que se solucionaba su situación. Los últimos días de encierro fueron los más difíciles. Descubrió que los agentes migratorios grababan a las mujeres mientras se bañaban. “Donde nosotras nos duchábamos había como un hueco cuadradito en la pared. Por ahí metieron un celular. Nos estábamos bañando y una de las chicas comenzó a gritar cuando vio que estaban filmando”, dice Sabrina. En este sitio, los únicos que tienen permitido el ingreso y uso de dispositivos móviles son los funcionarios públicos.
La estancia migratoria de Cancún, ubicada sobre la avenida Chac Mool, a diez minutos del aeropuerto y administrada por el INM, es un edificio en forma de cubo con paredes altas y techo de lámina, sin ventanas, con una pequeña puerta de hierro para el acceso, que tiene una diminuta ventanilla corrediza por donde el guardia se asoma de vez en cuando. Al interior, cuenta con un comedor al centro, los cuartos en los extremos, de un lado el área para hombres y del otro la de mujeres. Los cuartos tienen tres paredes y una con barrotes. Cada pieza tiene dos literas, con espacio para cuatro personas; sin embargo, ante el hacinamiento, es común que la compartan seis y hasta diez personas, que duermen distribuidas en el piso. Las paredes están rayadas con plumones que ingresan de contrabando. En todos los cuartos está apuntado el celular de Carmina Gutiérrez, abogada especializada en movilidad humana del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP). También hay denuncias en contra del personal del INM, insultos y pasajes bíblicos.
Sabrina recuerda cuando tuvo que darle contención emocional a una joven colombiana, a quien los guardias sacaron de su celda por la noche para llevarla con los directivos de la estancia, quienes le ofrecieron libertad a cambio de sexo. “Ella llegó llorando de rabia. Me contó que les dijo que no y que les escupió a la cara”, dice Sabrina sobre la extorsión. “Pero con ella y otras mujeres más jóvenes eran insistentes. Varias veces les ofrecían sacarlas si tenían sexo o sexo oral con los directivos”.
Violaciones a derechos humanos
Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió durante su campaña electoral de 2018 apoyar a las personas en contexto de movilidad y cambiar el paradigma de las detenciones y medidas de fuerza contra los migrantes que cruzan el país en busca del sueño americano, esto no solo no se ha cumplido, sino que se ha recrudecido. México alcanzó en 2020 cifras récord de detención de migrantes: 318 660, a un ritmo de 873 por día, de los cuales 51.3% son centroamericanos, de acuerdo a la Unidad de Política Migratoria. En Cancún también se ha llegado a un máximo histórico. Si en 2017, último año de la administración pasada, se capturó a 286 personas en esta ciudad, para 2022 la cifra ascendió a 958: un repunte de 234%.
Este aumento ha corrido en paralelo al de denuncias por violación a los derechos humanos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). De hecho, el INM figura como el tercer ente público que más ha sido mencionado en las quejas. Para el caso de Quintana Roo, en 2017 dicho organismo autónomo recibió catorce señalamientos por hechos cometidos por el instituto. Y en 2022, tramitó 56: cuatro veces más, de acuerdo con información obtenida vía Transparencia.
Entre las quejas contra el INM figuran detención arbitraria, faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones; intimidación, acciones y omisiones que transgreden los derechos humanos a los migrantes y sus familiares, omitir proporcionar atención médica e incomunicación. El repunte, sin embargo, no se ha reflejado en las recomendaciones públicas, solicitudes a la autoridad para que se brinde la adecuada atención a la víctima. Aunque desde 2015 en Quintana Roo se han tramitado 153 quejas por violaciones a derechos humanos por parte de personal del INM, solo hay una recomendación emitida, según una solicitud de información.
En 2019, Olga Sánchez Cordero, entonces secretaria de Gobernación, afirmó que a su llegada encontraron un INM corrupto, con extorsiones generalizadas. “El Instituto Nacional de Migración era uno de los que más estaba penetrado de corrupción, estamos renovando prácticamente a todo el personal”, declaró en una visita a Tamaulipas, luego de comprometerse a “renovar al instituto”, incluidas sus estaciones migratorias, algo que está aún pendiente, de acuerdo con Margarita Núñez, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana. Con información de Gatopardo.
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