Entre cifras maquilladas, opacidad financiera y el sangriento asedio del crimen organizado, el Segundo Informe de Gobierno de José Alfredo Contreras Méndez sepultó cualquier discurso oficial sobre el progreso de Bacalar.
La rendición de cuentas del edil no solo desató duras críticas dentro del propio Cabildo por el evidente abandono de los servicios públicos y el acoso fiscal contra comerciantes, sino que expuso la cara más oscura de su gestión: la entrega de la seguridad a manos de células delictivas que imponen el terror en las comunidades rurales y las carreteras del municipio. A continuación, el desglose completo del colapso administrativo, la extorsión institucional y la crisis de impunidad que azotan al décimo municipio.
Durante la sesión solemne, el edil presumió un techo financiero superior a los 316 millones de pesos y la supuesta ejecución de obras clave en infraestructura, agua potable y seguridad pública. Sin embargo, la mayor parte de esos fondos provienen de aportaciones federales y estatales, dejando al descubierto la ineficiencia del ayuntamiento para generar recursos propios y Transparentar el gasto público.
El balance triunfalista fue desmentido categóricamente desde el propio Cabildo por la regidora Tania Casa Madrid, quien calificó la gestión de Contreras Méndez como un monumento a las mentiras y la impunidad, afirmando que el presunto desarrollo no existe en los hechos y que el edil se despide engañando a un pueblo sumido en la marginación y el miedo.
En las 58 comunidades rurales y la cabecera municipal, las promesas del informe se desvanecen entre calles destruidas, baches profundos y una red de alumbrado público inoperante que mantiene a oscuras no solo a la emblemática zona costera, sino a colonias enteras que enfrentan además severas deficiencias en el suministro eléctrico y el acceso a la salud.
La regidora denunció que los constantes cortes de energía eléctrica y la falta de servicios básicos han dejado de ser una simple incomodidad para convertirse en una crisis económica y sanitaria, donde las familias pierden sus alimentos e insumos diarios en medio de una parálisis económica exacerbada por el abandono institucional del gobierno municipal.
A la crisis de servicios se suma el acoso gubernamental contra el sector productivo local. Pequeños comerciantes y empresarios han denunciado una red de extorsiones institucionales operada por funcionarios cercanos a Contreras Méndez, quienes exigen cobros indebidos y trabas burocráticas para la expedición de licencias de funcionamiento y el pago del impuesto predial.
Casos graves de despojo territorial e instrumentalización de la Fiscalía General del Estado para perseguir a inversionistas y empresarios locales exhiben la cara más oscura del ayuntamiento bacalarense, donde la justicia administrativa se ha vendido al mejor postor mientras la ciudadanía exige soluciones de fondo.
Pese a los constantes reclamos ciudadanas y las solicitudes formales de rendición de cuentas presentadas desde el primer día de la administración, el gobierno de Contreras Méndez ha mantenido una política de opacidad absoluta, ocultando la información sobre la hacienda pública tras portales digitales vacíos y simulaciones financieras.
El Segundo Informe de Gobierno de José Alfredo Contreras Méndez confirma así el fracaso de una gestión que deja a Bacalar sumido en el deterioro urbano, la extorsión a sus comerciantes y el control del crimen, consolidando un quinquenio perdido para el décimo municipio de Quintana Roo.
Contreras Méndez rindió su Segundo Informe de Gobierno ante el Cabildo, intentando maquillar con la entrega de ocho patrullas un territorio que ha sido entregado por completo al control operativo del crimen organizado.
La situación actual en Bacalar se define por el dominio pleno del Cártel de Caborca, grupo criminal que ha transformado la geografía municipal en un corredor impune para el trasiego de drogas, el cobro de piso y la violencia de alto impacto, dejando a la población civil atrapada en medio de una ingobernabilidad donde la Policía Municipal opera como un simple espectador de las masacres.
El nivel de penetración delictiva y la nulidad de las fuerzas del orden quedaron al descubierto con la ejecución del exregidor Juan Sepúlveda Palacios, alias “El Pulpo”. El exfuncionario fue levantado, torturado y ejecutado en el poblado de Miguel Alemán por un comando de más de 40 sicarios con disciplina paramilitar que irrumpieron en pleno evento público frente a la mirada aterrorizada de familias y autoridades presentes.
La arteria vial más importante del estado, la carretera federal 307, se ha convertido en un auténtico campo de tiro. El pasado mes de agosto, una familia fue cazada a balazos en el tramo Bacalar-Buenavista por hombres armados que dispararon contra la unidad en movimiento, asesinando a una pareja e hiriendo a tres personas más, entre ellas una pequeña niña de apenas tres años.
Este ataque expuso el colapso absoluto del sistema de respuesta institucional. A pesar de que las víctimas realizaron hasta 60 llamadas de auxilio al 911 mientras eran perseguidas a lo largo de varios kilómetros, ninguna patrulla o corporación bajo el mando de la estrategia municipal acudió al llamado, permitiendo que los agresores volcaran el vehículo, remataran a las víctimas y escaparan con absoluta impunidad.
La vulnerabilidad de la fuerza laboral y de los habitantes se confirmó también con la privación masiva de la libertad de 13 trabajadores de la construcción en la cabecera municipal. Las víctimas fueron secuestradas por células del narco y posteriormente liberadas cerca de instalaciones militares debido a la presión mediática y familiar, en un hecho que el ayuntamiento simplemente optó por ignorar.
Actualmente, comunidades rurales como San Isidro La Laguna, Kuchumatán, Maya Balam, Miguel Hidalgo, Blanca Flor y La Buena Fe viven desprotegidas bajo el acoso, la extorsión sistemática y el descontrol delictivo. La supuesta “proximidad social” que presume la administración municipal es inexistente en zonas donde las células armadas imponen el toque de queda y controlan los caminos secundarios.
Mientras la Fiscalía General del Estado se limita a procesar casquillos y levantar cadáveres sin detener a los responsables de las matanzas, el informe de Contreras Méndez expone el rotundo fracaso de la administración pública municipal, donde la falta de capacidad para gobernar, operativos de seguridad reales y la presunta complicidad oficial han dejado a Bacalar a merced de la violencia criminal. Con información de Diario Cambio 22.
