El presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra informó que la iniciativa de reforma al Código Civil de Quintana Roo para incorporar la obligatoriedad de inscribir en el Registro Público de la Propiedad (RPP) los contratos de promesa relacionados con bienes raíces o derechos reales podría generar afectaciones a los ciudadanos.
Durante la tercera sesión del primer periodo ordinario del segundo año de trabajos de la XVIII Legislatura, realizada el 5 de septiembre, los diputados presentaron dicha iniciativa de reforma que, de acuerdo con los legisladores, buscaría brindar mayor certeza jurídica y seguridad patrimonial en las operaciones inmobiliarias del estado. Esto debido a que han detectado numerosos fraudes y engaños con este tipo de documentos.
La iniciativa contempla crear el artículo 2545 Bis, que obliga a inscribir una anotación marginal en el Registro Público; y modificar el 3159, para establecer que el registro será constitutivo en convenios y contratos relacionados con bienes raíces. Además adiciona una fracción al 3199, que faculta expresamente al Registro a inscribir dichos contratos de promesa.
Aunque la intención de la reforma es positiva, el Observatorio Legislativo aclara que también podría generar errores y afectaciones para los quintanarroenses. Entre los principales señalamientos destacan:
Riesgos principales
Riesgo de fraudes digitales: Al no tener los contratos de promesa vigilancia notarial, podrían inscribirse documentos simulados o falsificados en el registro público.
Falta de caducidad: la propuesta no establece plazos de vigencia para las promesas de compraventa, lo que podría derivar en registros eternos que compliquen el pago de impuestos, derechos y futuras operaciones de compraventa.
Implicaciones fiscales: al tener “fecha cierta”, la inscripción podría adelantar la previsión del pago de impuestos de compraventa sin que la operación se concrete.
Casos en ejidos: no se consideran las particularidades de contratos de promesa sobre tierras ejidales, que tienen procedimientos distintos.
Ante ello, Galaviz Ibarra sugiere que la reforma sea discutida en un parlamento abierto con participación del Colegio de Notarios, del propio Registro Público de la Propiedad y representantes del sector inmobiliario a fin de evitar que la solución a los fraudes derive en nuevos problemas legales y financieros para la ciudadanía.
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