Doce organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil manifestaron su rechazo a la eventual instalación de centrales eléctricas flotantes, conocidas como powerships, en Quintana Roo, al considerar que la propuesta pretende atender una crisis estructural con una solución temporal basada en combustibles fósiles y sin información pública suficiente sobre sus posibles impactos.
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones señalaron que, si bien reconocen la urgencia de garantizar un suministro eléctrico suficiente y confiable para la población. También cualquier proyecto de este tipo debe contar previamente con una evaluación ambiental integral, mecanismos efectivos de participación ciudadana y un análisis transparente de otras alternativas para atender la creciente demanda de energía en la entidad.
El documento fue suscrito por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Grupo Gema del Mayab (GEMA), Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), Casa Wayuu, Grupo Tortuguero del Caribe, Iniciativa para la Conservación de Ecosistemas de la Península de Yucatán (ICEPY), Healthy Reef Initiative, Moce Yax Cuxtal, SOS Cenotes, Conexiones Climáticas, Greenpeace México y la Red Gran Caribe Libre de Fósiles.
Limitada infraestructura eléctrica
Recordaron que los apagones registrados durante los últimos meses en municipios como Cancún, Playa del Carmen y Cozumel evidencian las limitaciones de la infraestructura eléctrica frente al acelerado crecimiento urbano y turístico de la Península de Yucatán.
Las interrupciones del servicio han provocado pérdidas de alimentos, afectaciones a pequeños comercios, suspensión de actividades escolares y laborales. Además de noches sin ventilación en medio de temperaturas extremas.
Sin embargo, sostuvieron que el origen de la crisis no es reciente ni obedece únicamente al aumento en el consumo eléctrico. Explicaron que responde a una falta de planeación territorial e infraestructura, ya que el crecimiento de desarrollos urbanos y turísticos ha avanzado a un ritmo mayor que la capacidad institucional para ampliar los servicios públicos, entre ellos el sistema eléctrico.
Revisar las causas del problema
Las organizaciones recordaron que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) reconoció la necesidad de incorporar capacidad adicional para atender la demanda de la Península de Yucatán y Tabasco durante los veranos de 2026 y 2027.
No obstante, consideraron que la respuesta no debe limitarse a instalar más generación eléctrica sin revisar las causas que originaron el problema.
Respecto a las powerships, explicaron que se trata de centrales termoeléctricas instaladas sobre embarcaciones que pueden conectarse rápidamente a la red eléctrica, pero que continúan operando con combustibles fósiles, aun cuando utilicen gas natural licuado.
Advirtieron que este tipo de infraestructura podría generar diversos impactos ambientales, entre ellos la captación y descarga de grandes volúmenes de agua marina para enfriamiento, emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, ruido y vibraciones submarinas, contaminación lumínica, incremento del tráfico marítimo y riesgos asociados al almacenamiento y manejo de combustibles.
Asimismo, señalaron que experiencias internacionales, como la de República Dominicana, muestran que estas instalaciones, planteadas inicialmente como soluciones temporales, pueden permanecer durante décadas y derivar en conflictos ambientales y sociales, incluyendo afectaciones a comunidades pesqueras e incidentes relacionados con residuos oleosos.
Riesgo para los arrecifes
Las agrupaciones subrayaron que estos riesgos adquieren mayor relevancia en Quintana Roo, donde se localiza parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, uno de los arrecifes más importantes del planeta y que enfrenta un deterioro considerable por el blanqueamiento de corales, enfermedades, contaminación y pérdida de cobertura coralina.
Ante este escenario, insistieron en que cualquier propuesta para instalar centrales eléctricas flotantes debe someterse a estudios ambientales rigurosos, transparentes e integrales, que incluyan análisis de descargas térmicas, impactos acumulativos, condiciones oceanográficas y procesos efectivos de consulta pública.
Señalaron que la crisis energética debe aprovecharse para replantear el modelo de desarrollo del estado mediante una política basada en la planeación, la eficiencia energética y el impulso de fuentes renovables, como la generación solar distribuida, antes de recurrir a nueva infraestructura fósil que, advirtieron, podría comprometer los ecosistemas que sustentan la economía y el bienestar del Caribe mexicano.
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