Por Grupo Pirámide
El periódico Reforma publicó hoy que el gobierno de Quintana Roo, “mediante amenaza”, busca quedarse con concesión del servicio de agua, hoy en manos de la empresa Desarrollos Hidráulicos, que opera en la zona norte del estado. Minutos después, la presidenta Claudia Sheinbaum les contestó en su Mañanera: “Que siga el litigio: No estamos de acuerdo con la privatización del agua. No es la opción para garantizar el derecho humano al agua”.
Y ahondó que apoyará al pueblo de Quintana Roo y a la gobernadora, Mara Lezama, en su decisión de recuperar la concesión. «No se puede hacer negocio con el agua. La gente paga por el servicio de distribución, porque tiene costos, pero privatizarlo solo para generar ganancias no ha funcionado ni tiene sentido, menos en este caso”, consideró.
“La empresa ha abusado del sistema»
La presidenta dijo que en su momento, privatizar servicios municipales, “se puso de moda en algunos estados”, bajo la idea neoliberal de que el sector privado gestiona mejor que el público. “Pero eso no ocurrió, y en Cancún, en particular, esta empresa ha abusado del sistema: no garantiza el derecho al agua, pero sí cobra tarifas a su conveniencia”.
De acuerdo con el artículo de Reforma, mediante órdenes de aprehensión contra directivos, el gobierno intenta despojar a empresa de concesión de agua potable y alcantarillado y vender activos a una supuesta empresa favorita, en 4 mil 500 millones de pesos, una cuarta parte de su valor real, según sus estimaciones.
La nota refiere que representantes de la compañía se habrían reunido en diciembre pasado con un representante del gobierno, que habría planteado que, para evitar el tema «federal», vendieran en 4 mil 500 millones de pesos al Gobierno del Estado la concesión y toda la infraestructura e inversión.
Órdenes de aprehensión
Grupo Pirámide publicó recientemente que la justicia había librado órdenes de aprehensión contra Paul Andrew Rangel Merkley y Diego José Ramos de Castilla, apoderados legales de la empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), valuada de acuerdo con Kroll, en 17 mil millones de pesos.
«DHC confía que el Estado de derecho prevalecerá y que los jueces conocerán y resolverán que no hay delito alguno que perseguir. DHC considera que la Gobernadora del estado de Quintana Roo, María Elena Lezama Espinosa, ha sido mal informada en relación con los hechos objeto de la denuncia penal y manifiesta y reitera su total apertura para dialogar con la mandataria estatal y su Gobierno para encontrar soluciones, en el marco del derecho y en beneficio de la población y de los inversionistas de DHC», señala el medio nacional.
¿Qué acusa el gobierno?
La versión de Aguakan dice que Gobierno estatal acusó a los directivos de Aguakan de haber promovido conductas ilícitas en 2014, al haber solicitado a Paula Guadalupe González Cetina, entonces directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y a Juan Pablo Guillermo Molina, entonces, Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno estatal, la ampliación anticipada de la concesión por otros 30 años, cuando supuestamente no tenían facultades para resolver la solicitud.
De hecho, Guillermo Molina se dio a la fuga tras el término del gobierno de Roberto Borge Angulo y había tramitado varios amparos, sin embargo, nunca fue detenido.
En cuestión de minutos, desaparecieron de la cuenta del gobierno los mil 55 millones de pesos que Aguakan había transferido para lograr la ampliación de la concesión.
Incluso, la sesión de Congreso del Estado se realizó en las instalaciones de un hotel y la mayoría del PRI y aliados (entre ellos, la hoy diputada federal Marybel Villegas Canché), mayoriteraron la iniciativa que, a la postre, fue aprobada por los municipios gobernados por el PRI, entre ellos, Benito Juárez, donde era alcalde Paul Michell Carrillo de Cáceres, actual secretario de Economía en el gobierno estatal. El único voto en contra fue del entonces diputado Jorge Aguilar Osorio, hoy secretario de agricultura en el gobierno estatal.
En ese se sustenta la defensa de Aguakan: “La ampliación de la concesión por el servicio de agua cumplió con todos los requisitos legales establecidos en la ley: la aprobó el Consejo Directivo de la Comisión de Aguas, conformado por el Gobernador del estado y los presidentes municipales; fue avalada por cada uno de los cabildos, fue aprobada por el Congreso del estado y publicada en el Periódico Oficial”, argumentaron.
Sin embargo, de acuerdo con la oposición en ese entonces, no había lógica en anticipar la concesión por 50 años, porque el plazo todavía estaba vigente; la intención era hacerlo antes de que concluyera el gobierno de Borge Angulo, cuando desapareció el dinero que incluso la empresa había entregado para obtener la ampliación.
