La falta de respuesta por parte de la empresa Caribe Bienes Raíces SA de CV mantiene en la incertidumbre a Amelia Tello Flores, quien denuncia fue defraudada en la compra de tres predios en 2018 ubicados en la Ruta de los Cenotes, en Puerto Morelos.
A pesar de los intentos por encontrar una solución desde octubre pasado, el caso permanece estancado, sin claridad jurídica ni acompañamiento efectivo.
Los terrenos fueron adquiridos dentro del desarrollo denominado “Ranchitos ecológicos, etapa 10”, bajo la promesa de certeza legal.
Sin embargo, Tello Flores señala que las irregularidades detectadas no han sido corregidas y que la empresa se ha limitado a deslindarse de cualquier responsabilidad, argumentando que ella firmó un contrato y que, por tanto, el problema es exclusivamente suyo.
La denunciante subraya que la situación es aún más grave porque detrás de la empresa se encuentra Mar García, quien es ejidatario, dirigente del sindicato CATEM y de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Puerto Morelos (AMPI).
“No puede ser que un mismo político, que debería dar respaldo social, sea quien esté defraudando a las personas”, expresó, al advertir que la condición pública del señalado incrementa la desconfianza y la percepción de impunidad.
Tello Flores asegura no ser la única afectada. Tras compartir su caso en redes sociales, otras personas se han acercado para relatar experiencias similares, caracterizadas —dice— por un trato autoritario, nula atención al cliente y total cerrazón a cualquier tipo de negociación. “La empresa no da mayor respuesta; no hay acceso, no hay diálogo y no hay certeza”, afirmó.
Sin seguimiento institucional
La falta de seguimiento institucional también ha profundizado la incertidumbre. La afectada explicó que, al no residir en Quintana Roo, se le dificulta acudir de manera constante a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde incluso le advirtieron que, sin presión directa, los expedientes suelen quedar rezagados.
Ahí mismo también le informaron de la existencia de una denuncia previa, presentada desde 2024 por otra persona, sin que hasta ahora haya resultados visibles.
Ante este panorama, Amelia Tello Flores anunció que enviará una carta a diversos medios de comunicación del estado. Así como a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y a la gobernadora de Quintana Roo, con el objetivo de visibilizar el caso y presionar para que se garantice certeza jurídica a quienes compraron de buena fe. “No se trata solo de un asunto empresarial o político; se trata de hacer valer la ley y de proteger a la ciudadanía”, concluyó.
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