El presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra advirtió que el nuevo sistema del Poder Judicial, que inició formalmente operaciones el pasado 1 de septiembre, arranca con serias deficiencias que podrían afectar directamente a los ciudadanos en sus procesos legales.
Entre los principales riesgos destacan la falta de experiencia de varios de los nueve nuevos magistrados que tomaron protesta ante el Congreso del Estado y la presencia de vínculos políticos que condicionarán la imparcialidad de sus resoluciones.
Aunque ya están instalados en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial, el nuevo órgano de administración judicial, y se definieron las 10 salas que atenderán los procesos judiciales, el Observatorio detectó errores graves en el decreto publicado en el Periódico Oficial. Encontró desde fallas ortográficas hasta referencias equivocadas a municipios, lo que refleja la prisa con la que fue aprobada y puesta en marcha la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.
La principal preocupación radica en que algunos magistrados carecen de trayectoria en litigio o conocimientos sólidos de los procesos judiciales.
«Curva de aprendizaje»
Este déficit de preparación podría retrasar la atención de los juicios debido a la “curva de aprendizaje” que enfrentarán. Pero también provocaría fallas y omisiones en las sentencias, con consecuencias en perjuicio directo de los ciudadanos, especialmente en las salas penales, donde se resuelven los casos más delicados.
Uno de los casos más señalados es el de un magistrado que incumple con el requisito constitucional de contar con al menos cinco años de experiencia después de emitida su cédula profesional. En este caso, fue obtenida en 2022, su cédula no sólo lo inhabilitaría para el cargo, sino que también evidencia la ausencia de experiencia para atender procesos civiles, mercantiles y familiares, lo que aumenta el riesgo de resoluciones erróneas.
Además de la inexperiencia, otro de los problemas detectados es la cercanía de varios magistrados con partidos y grupos políticos, lo que podría comprometer su independencia y convertir sus resoluciones en instrumentos al servicio de intereses ajenos a la justicia.
Sin imparcialidad
El Observatorio advirtió que este escenario socava el principio de imparcialidad que debe regir al Poder Judicial y coloca a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad ante posibles decisiones sesgadas.
El diseño del nuevo órgano de administración judicial también genera dudas sobre la independencia de poderes, ya que estará integrado por representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con presidencia rotativa cada cuatro años.
Para el Observatorio, esto abre la puerta a que el Poder Ejecutivo influya en las decisiones administrativas del Tribunal, debilitando aún más la autonomía del sistema judicial.
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