El Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo, Julio César Gómez Torres, confirmó que un policía de la corporación fue presentado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) luego de que, durante una investigación por desaparición, se le encontrara en posesión de un teléfono celular vinculado a una víctima de desaparición.
Durante la Conferencia de Prensa de la Mesa de Seguridad de Quintana Roo, el funcionario explicó que el policía no fue detenido; únicamente fue entrevistado por el Ministerio Público y posteriormente liberado. No obstante, la dependencia estatal abrió una carpeta de investigación en su área de Asuntos Internos para esclarecer los hechos.
Y rechazó que en este caso hubo enfrentamiento entre los elementos de ambas corporaciones.
«Esta persona, es elemento de la Secretaría, estaba en un domicilio, él le reporta a su a su comandante que había gente armada alrededor del domicilio, no sabía si era de la Fiscalía o era de algún grupo. Yo ordené que fuera personal de la secretaría a verificar, confirmamos que era de la fiscalía y les ordené que dejaran que la fiscalía hiciera su trabajo… Jamás hubo ninguna confrontación entre la fiscalía y la secretaría», aclaró.
Gómez Torres señaló que la corporación colaborará plenamente con la Fiscalía y entregará cualquier información que sea requerida, como órdenes de servicio o grabaciones, con el objetivo de deslindar responsabilidades en el caso.
Denuncias y sanciones
El secretario añadió que, como parte de las acciones de control interno, en lo que va del año fueron abiertas 34 carpetas de investigación en Asuntos Internos. De ellas, 16 derivan de denuncias ciudadanas y 18 de reportes de mandos policiales sobre posibles irregularidades.
Como otra medida de control, dijo que los Comandantes tienen la instrucción de revisar diariamente que funcionen las cámaras, que sirvan las torretas, el altavoz, el GPS de las patrullas y el radio. Y si alguno de estos dispositivos no sirve, la patrulla no sale.
Asimismo, informó que 7 elementos han sido sancionados en 2026: tres con baja definitiva y cuatro con suspensión de funciones y salario por periodos de 30 a 90 días, como parte de la estrategia para combatir la corrupción y fortalecer la confianza ciudadana en la corporación.
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