En mi última columna de opinión https://bit.ly/4fL6Bbo denuncié que no había claridad en la convocatoria publicada para las personas que quisieran aspirar a ser jueces, magistrados y ministros dentro del Poder Judicial Federal en cuanto al requisito de tener que ser ciudadano mexicano por nacimiento o no.
Ahora le toca el turno de hacer lo propio a las entidades federativas del país y es por eso que esta semana la XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo emitió la convocatoria para quienes deseen aspirar a ocupar una magistratura o el cargo de juez en el Poder Judicial de dicho Estado.
Al revisar los requisitos para poder concursar, la convocatoria lo que hace es remitir a lo establecido en el artículo 101 de la Constitución local quintanarroense, en donde se exige: “ser ciudadano mexicano por nacimiento y ciudadano quintanarroense, en ejercicio de sus derechos políticos y civiles”.
En el texto constitucional no hay duda, el elemento nativista está presente y está claramente violando el derecho humano a la igualdad y no discriminación del que debiéramos gozar todas las personas que contamos con la ciudadanía mexicana.
De acuerdo con el Artículo 1° de la Constitución mexicana, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con varios principios, entre los que se encuentra el de progresividad.
Este principio significa que en materia de derechos humanos no puede existir retrocesos en los avances logrados, es decir, que si ya se alcanzó garantizar el disfrute de un derecho ya no se debería perder esta posibilidad.
Resulta que el 5 de junio del 2023, la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobó, por unanimidad, una iniciativa ciudadana presentada por la Asociación Civil Mexicanos de Corazón, por la cual se logró la igualdad en derechos para todas las personas que tienen la ciudadanía mexicana para poder aspirar a ocupar dieciséis cargos diferentes dentro de la administración pública.
Entre esos cargos estaba el de ser persona juzgadora de primera instancia, regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, en su Artículo 118 bis, en donde se exige: “Tener la ciudadanía mexicana y quintanarroense, en ejercicio de sus derechos políticos civiles”. Este texto no es discriminatorio y fue propuesto por Mexicanos de Corazón en su iniciativa ciudadana. Antes del verano del 2023 sí era necesario la ciudadanía mexicana por nacimiento para ser juez o jueza de primera instancia.
Este mismo requisito es el que se debería haber exigido en la actual convocatoria que aquí se comenta y así evitar contravenir el principio de progresividad de este derecho humano a la igualdad y discriminación a favor del cual se lleva años trabajando. En definitiva, vamos de mal en peor.
Desde mi punto de vista, es frustrante ver cómo se retrocede en temas de derechos humanos cuando ya se han dado pasos hacia la inclusión. Las leyes deberían reflejar un compromiso real con la igualdad y no discriminación, permitiendo que cualquier ciudadano mexicano pueda aspirar a cargos en el Poder Judicial, sin importar su lugar de nacimiento.
La diversidad en estas posiciones es esencial para una justicia más equitativa y representativa. Es un recordatorio de que aún queda mucho por hacer para proteger los derechos de toda la ciudadanía.
