La Fiscalía de Quintana Roo ha logrado detenciones históricas en dos sindicatos de taxistas, después de que sus líderes se vieran involucrados en casos de presuntos homicidios, tortura y desapariciones.
Por Luciano Núñez
Cada ciudad tiene un submundo. Allí los códigos son diferentes, las reglas son distintas (a lo que llamamos normalidad) e imperan otro tipo de valores.
Días atrás pude finalmente ver Argentina 1985, una película argentina que hace memoria sobre el horror de la dictadura militar que asoló al país sudamericano (del que soy originario), con particular violencia en los años 70.
Protagonizado por Ricardo Darín, el filme hace pie en uno de los temas más escabrosos de los que se tenga memoria y que fue llevado a juicio, así como sucedió con los juicios de Nuremberg, tras la segunda Guerra Mundial.
Los testimonios daban cuenta del secuestro por parte del estado, tortura como método interrogativos y la desaparición de personas en vuelos de la muerte o fosas clandestinas que, hasta hace pocos años, recién fueron descubiertas, como si pudiéramos ver uno de los anillos descritos por Dante en la Divina Comedia.
Memoria con baches históricos
Bajo el argumento de que se trataba de “una guerra” contra subversivos, la cadena de mando militar utilizó estos métodos (que ni en una guerra se permiten) para acabar con un movimiento que también usó la violencia. No había, sin embargo, correspondencia entre las fuerzas para reaccionar de tal manera, y menos desde el Estado, que debe proteger a la ciudadanía y salvaguardar sus derechos humanos.
Aunque la película tiene severos baches históricos, como la omisión del escritor Ernesto Sábato, que formó parte de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP); y que elaboró el documento Nunca Más, con cuya frase termina el alegato del fiscal Julio César Strassera, el largometraje rescata un asunto clave: la memoria y un juicio justo.
Ambos ejercicios nos hacen acercarnos más a nuestra calidad de seres humanos que a seres primitivos que resuelven una disputa a través de la violencia.
Y esa historia, que pareciera muy lejana, ha tenido (no a tal escala) su correlato en Quintana Roo. Varios dirigentes taxistas han sido detenidos por un trabajo a fondo que lleva adelante la Fiscalía General de Quintana Roo, a cargo de Raciel López Salazar.
Primero fueron arrestados varios integrantes del sindicato de taxistas, «Tiburones del Caribe» de Tulum, quienes además, en dos casos, formaban parte de la planilla política del alcalde ganador, Diego Castañón. ¿Serán investigados los nexos políticos?
En Cancún el caso fue aún peor. Aquí fue encontrada una sala de tortura, armas, droga y presencia de sangre en uno de los cuartos del sindicato de taxistas «Andrés Quintana Roo». Uno de los trabajadores del volante aseguró que en ese cuarto se ejercía la tortura y se daban “tablazos” a los conductores que no obedecían las reglas, como la prohibición de subir pasajeros en la Zona Hotelera. El caso eclosionó con la desaparición y muerte de José Luis Corral, asesor y mano derecha del anterior dirigente taxistas, Rubén Carillo, quien ahora es diputado por el PT.
¿Serán investigados los nexos políticos?
Estos casos tienen el mismo fondo: los grupos delictivos han desplazado al Estado en su función de organizar un modo de vida digno para todas las personas. ¿Qué pasará si, a los hoy detenidos, los reemplazan líderes que respondan a los mismos intereses? ¿Qué pasará si superviven en la estructura los lazos políticos que llevaron a ubicar elementos en los gobiernos?
Un juicio que marcará a Quintana Roo
Hoy por hoy, la democracia es un vocablo que se antepone en cada discurso en Argentina porque vivió el horror, transitó uno de los círculos del infierno y los revivió a través de los juicios que muestra en parte la película.
Desde hace muchos años que un grupo de taxistas se ha apoderado de una institución que ejerce un trabajo digno y noble al servicio de la ciudadanía. Fueron quienes por la fuerza intimidaron a varias legislaturas para que no aprobaran las plataformas como medio para contratar el servicio particular de transporte público. Son los que cortan calles y persiguen y hostigan a quienes intentan trabajar dignamente.
Los detenidos merecen recibir un juicio justo, como el que le negaron a los torturados y desaparecidos, para ver, a través de esa herida abierta, el verdadero rostro y dimensión de la corrupción. Y la justicia está obligada a llegar a fondo en estos casos, por más presiones de grupos que existan. De otro modo, será terreno perdido para el Estado, que ya presenta en varias entidades de la República, un submundo que teje sus redes desde las sombras, para normalizar la violencia y vivir al margen de la ley.
La conclusión de estos casos marcará un antes y un después en Quintana Roo.
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