Tras el caos financiero y administrativo que sobrevino al Borgismo: con detenciones de varios de sus funcionarios y del mismo ex gobernador, Roberto Borge, que continúa preso, hubo cabos que quedaron sueltos.
Si bien hubo ex servidores que dieron la cara de manera valiente y pisaron cárcel, devolvieron bienes: terrenos comprados a precio de tela, y otros que se integraron al nuevo gobierno, hubo dos fugados que jamás rindieron cuentas.
Uno de ellos es quien era directo responsable de las finanzas, Juan Pablo Guillermo Molina, quien se amparó y nunca se presentó al proceso judicial; y también, quien fuera operador financiero de Félix González Canto, ex gobernador y del mismo Borge: Eliezer Villanueva Lanz.
Nueve años después
Nueve años después de aquellas detenciones y acciones del gobierno, que encabezara Carlos Joaquín González, el asunto vuelve a cobrar notoriedad: una acción promovida por la incansable abogad y periodista Fabiola Cortés, desencadenó que la justicia ordenara al Congreso de Quintana Roo, instaurar una comisión que determinará la viabilidad de iniciar un juicio político contra Juan Pablo Guillermo Molina.
La principal causa esta relacionada con la desaparición de poco más de mil millones de pesos de las cuentas de CAPA, que inmediatamente recibidas desde las cuentas de Aguakan, pasaron a las arcas del gobierno estatal, desde donde se perdió su paradero.
Como el ex secretario nunca se presentó a rendir cuentas en la justicia, el caso quedó en el aire.
El problema es que, pese a que se instauró la comisión en el Congreso, el asunto ha prescrito, es decir, quedó caduco porque la ley local habla de responsabilidades hasta cinco años después de producidos los hechos . Así, confirman a esta columna, lo resolverá el Congreso local, que no contó con la aprobación del diputado de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech, quien votó en contra.
El caso está vinculado a la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, relacionada con el juicio de amparo 497/2019-1B-A, así como con el testimonio del amparo 290/2022.
Así, el caso político más sonado en los últimos 20 años en Quintana Roo, seguirá quedando en la memoria colectiva y en las sombras como un ciclo que nunca logre cerrarse y, mucho menos, sanar.
