Grupo Pirámide
Dos enemigos de peso pesado se ha ganado a pulso la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.
El primero es el empresario Carlos Canabal, que fue alcalde interino de Cancún entre 2004-2005, cuando el titular, Juan Ignacio García Zalvidea, fue candidato a gobernador y, a la postre, destituido por el gobierno que encabezaba Joaquín Hendricks Díaz.
Fue un año el que se aprobaron desarrollos y ampliaciones de hoteles bajo una dudosa modificación al Programa de Desarrollo Urbano, PDU. Incluso, se habló de actas de cabildo apócrifas o adulteradas.
Posterior a su paso por la administración, Canabal se convirtió en empresario editorial y, ademas, dueño de una empresa de recolección de la basura, Intelligencia México, que durante la administración de Mara Lezama como alcaldesa, dejó a la ciudad en estado de emergencia sanitaria, dado el retraso en la recolección y la falta de pago a trabajadores. A raíz de ello, la concesión le fue retirada.
Meses atrás fue detenido cuando iba al matrimonio de su hija y acaba de salir bajo la modalidad de arresto domiciliario, según varias fuentes. Es un abogado sumamente hábil y amasó una fortuna que incluía avión privado y casas en varios estados.
Aguakán
Por otro lado, la gobernadora decidió dar batalla a la mega-empresa, Desarrollo Hidráulicos de Cancún, Aguakán (franco-mexicana) que obtuvo una extensión por 30 años de su contrato para ofrecer sus servicios en la zona Norte de Quintana Roo, acto que estuvo plagado de irregularidades según el desplegado que ofreció el mismo Gobierno del Estado semanas atrás; sin dejar de mencionar que la calidad del agua es insalubre, esto, de acuerdo con varios análisis de laboratorio en los cuatro municipios donde opera.
La empresa pagó mil millones de pesos que desaparecieron inmediatamente de las arcas del Estado, y el responsable de esa operación, Juan Pablo Guillermo, entonces Secretario de Finanzas y Planeación, está prófugo desde antes que terminara el gobierno de Roberto Borge Angulo.
Cuando la empresa hizo tal movimiento todavía le faltaban 8 años para terminar su anterior contrato, iniciado en 1993, pese a las innumerables quejas que había de la calidad del servicio.
El caso avanzó. En una consulta popular realizada en 2021, que se hizo paralela a la elección, la población votó mayoritariamente por erradicar a la concesionaria del agua, y ello, dio paso a que los expedientes avanzaran, por un lado, por la ilegalidad y corrupción para extender el servicio y, además, por la desinversión que tuvo la empresa en sus últimos años.
Después de que se emitieran órdenes de aprehensión contra dos de sus directivos, la empresa salió a contraatacar a través de la prensa nacional.
Eligió para ofrecer su versión al periódico Reforma. Justamente, el último ataque proviene del medio digital Código Magenta, dirigido por un ex director editorial del grupo editorial regio: Ramón Alberto Garza, quien ademas estuvo en diversos medios.
El “reportaje” presenta a Carlos Canabal y a Aguakán como víctimas del estado. Sin embargo, omite el modo en el que unos adquirieron la concesión y otros, en el estado en el que dejaron a Cancún: con toneladas de basura en las calles.
La versión digital arranca con un golpe bajo y fuera de contexto, no propio del buen periodismo que se basa en hechos, no en suposiciones ni en opiniones que omiten información a sus audiencias.
El próximo movimiento revelará más detalles de este ataque que da cuenta de los poderes fácticos que operan en Quintana Roo.
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