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BJ | Respalda Fonatur al gobierno de Mara Lezama para blindar playas de Cancún

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Cancún.- “Me da mucho gusto compartirles que, con relación a la petición que hicimos, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) respondió que ha determinado que los predios colindantes a playa Delfines, no serán vendidos”, anunció la presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama.

Previo al inicio de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Benito Juárez, la alcaldesa leyó el documento enviado por Fonatur en el que deja en claro que los predios colindantes a Playa Delfines no se venderán y serán destinados a espacios y servicios públicos, luego de las gestiones encabezadas por Mara Lezama.

“Vamos a blindar las playas para que nadie pueda tocarlas en algún futuro. Esto es en beneficio de todos los cancunenses y de los turistas en general, algo que hemos impulsado todos en el Ayuntamiento y que será nuestro legado para Cancún”, expresó.

Igualmente, Mara Lezama hizo un llamado para dejar colores y partidos a un lado y trabajar de la mano en favor de los benitojuarenses. “En el pasado se cometieron errores, por eso es momento de asegurarnos que no vuelvan a ocurrir y qué mejor manera de hacerlo que proteger nuestras bellezas, nuestras riquezas, nuestros atractivos”, dijo.

Sesión de Cabildo

Durante esta tercera sesión virtual de Cabildo, transmitida en redes sociales, se aprobaron las modificaciones para que instaure una sanción en el municipio en contra de las conductas que puedan condicionar, insultar o intimidar a la mujer lactante que alimente a un infante en las vías, espacios públicos y establecimientos abiertos al público.

Además, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de Espectáculos y Diversiones del municipio de Benito Juárez, con el propósito de que cuando se realice un espectáculo público se garantice el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias.

Otro punto que fue aprobado mediante el voto unánime de los regidores es la inclusión del servicio comunitario como una de las sanciones por infringir el Reglamento para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos e incluir al juez cívico entre las autoridades competentes para la aplicación del mismo.

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