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Advierten que Tren Maya generaría pérdida de tierras y bajos ingresos

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Al revisar el proyecto del Tren Maya, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), asegura que el gobierno federal busca por un lado atraer grandes inversiones a la región sur-sureste del país para atacar la pobreza y marginalidad, pero va a generar un incremento de empleo asalariado y el despojo de las tierras de las comunidades.

“Esta apuesta se sustenta en un proceso de desposesión y despojo de las tierras de las comunidades, generando las condiciones para acentuar un modelo que concentra la riqueza y permite a grandes empresas y corporativos de las finanzas, la agroindustria, el turismo y el sector inmobiliario acumular capital y perpetuar su dominio. Todo ello en la Península de Yucatán, donde el 46.9 por ciento de la población se identifica a sí misma como maya”, señalan Eugenio Fernández y Sergio Madrid, director de dicho consejo.

En el documento “Tren Maya: Nuevo impulso a la desruralización de la Península de Yucatán”, indica que hasta ahora Fonatur no ha presentado un proyecto ejecutivo que ofrezca claridad sobre los alcances del Tren Maya, de acuerdo a las declaraciones sobre este mismo, el gobierno federal busca impulsar la urbanización de la región sur-sureste centrada en el abastecimiento de mano de obra los sectores turístico e inmobiliario y en la expansión agroindustrial.

“Fonatur impulsa un esquema que prioriza lo urbano y omite las realidades y derechos de las comunidades indígenas, distribuidas en más de 1,510 localidades de los pueblos maya, tseltal, ch’ol, jakalteko, awuakateko y akateko. Omite reconocer que se trata de un territorio indígena habitado y poseído por pueblos originarios con derecho a la libre determinación”, indica que el comunicado.

Reconoce que si bien va a generar empleos la construcción del proyecto, no necesariamente las comunidades rurales mejorarán su nivel de vida. Y cita como ejemplo el caso de Quintana Roo, la tasa anual de personas aseguradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social aumentó 8%, sobre todo en el rango de salario mínimo (3,700 pesos al mes), mientras que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) consideró en 2017 que una familia con un ingreso inferior a 11,290 pesos estaba en situación de “pobreza por ingresos”.

También añade el Consejo que para la construcción del Tren se usarán los derechos de vía existentes y terrenos federales, además buscarán incorporar tierras ejidales mediante el Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces (Fibra), en la que los ejidos aportarán mil hectáreas una vez que concluya el proceso de privatización de la tierra.

“Fonatur ha presionado de distintas formas a los ejidos para ‘sumarse’ al Proyecto, como en los casos de los ejidos Bacalar, Tulum y Cobá, en Quintana Roo, a los cuales se les ha requerido aportar mil hectáreas a cada uno al proyecto, a cambio de hacerse “socios”. En los tres casos, las autoridades ejidales han expresado que el ejido no está de acuerdo en ceder tales extensiones de sus tierras. En estos casos, Fonatur ha reaccionado con amenazas de “que no hay tren” e incluso con la modificación del trazo del Proyecto”, afirmaciones que se desprenden de declaraciones a la prensa hechas por ejidatarios.

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