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Remberto y Profepa, cómplices en caso Tajamar

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Por Mario Morales Cruces (Reportaje especial Grupo Pirámide)

Cancún.- Autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y del Ayuntamiento de Benito Juárez, han caído en actos de complicidad con quienes han devastado la flora y fauna de Malecón Tajamar, hechos ya denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR) y a consideración de un juez.

A más de dos años del intento de destrucción de este importante lugar, ubicado dentro de los manglares de Nichupté, pero de alto valor inmobiliario, siguen en pie múltiples conflictos y litigios, tanto penales como administrativos, tanto contra los responsables de los ecocidios como de las autoridades que los han solapado.

Se pueden delinear tres momentos, cada uno con su propia ruta judicial.

1 ) La primera devastación, ocurrida en 2015, cuyo proceso administrativo ya concluyó con una sentencia en contra de la empresa Bi & Di.

2) Un segundo ecocidio, más amplio, ocurrido en 2016, que todavía es juzgado.

3) El ilegal reinicio de dos desarrollos, Ynfinity y Azuna, dentro de Tajamar, con la notoria complicidad del Ayuntamiento y de Profepa.

COMPLICIDAD

Yendo en orden inverso, por ser lo más reciente también lo más “candente”, está el caso de una plaza comercial y unos departamentos de lujo, que desde el año pasado reiniciaron su construcción, pese a que sobre Tajamar pesa una suspensión definitiva que prohíbe todo cambio de uso de suelo y expedición de permisos.

Los desarrolladores de ambos proyectos, no obstante, se aprovecharon de la ausencia de sellos de suspensión o alguna otra prohibición sobre el lugar, además del solapamiento de las autoridades que en ningún momento fueron a verificar y aplicar la ley.

Katerine Ender Córdova, presidenta de la asociación Movimiento Social en Pro de los Derechos del Pueblo, explicó que desde un inicio se denunció el reinicio de obras ante el Ayuntamiento de Benito Juárez que encabeza Remberto Estrada, pero jamás respondieron y clausuraron como se exige.

CASO YNFINITY

El caso de Ynfinity es más descarado, pues las torres que edificaron constan de 23 niveles, tres por encima del límite máximo marcado en el Plan de Desarrollo Urbano. Esto también fue hecho del conocimiento de la administración de Remberto Estrada Barba, que optó por el silencio.

A través de un oficio, se le solicitó a la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano, de Javier Zubirán Padilla, informar si otorgaron permisos de construcción para estos proyectos, lo que equivaldría no sólo a violaciones a la ley, por no contar con autorización ambiental, sino más directamente a un desacato a un fallo judicial. La dependencia contestó señalando que, debido al litigio que existe en torno al caso, en el que el Municipio figura como parte demandada, no pueden ni afirmar ni negar que se haya extendido alguna autorización.

“OBRÓ DE FORMA OMISA…”

“Por lógica, se pensaría que no otorgaron permisos, por lo que estos desarrollos son clandestinos, pero entonces, el municipio obró de forma omisa al no atender las denuncias y clausurarlos”, comentó Ender Córdova. “Tal parece que llegaron a algún acuerdo”, opinó la activista.

PEOR, SITUACIÓN DE PROFEPA

Con la Profepa la situación es incluso peor. Después de reiniciada la construcción de las dos torres de Ynfinity, el personal taló el mangle que existía en la parte trasera, para edificar una tercera torre, lo que fue denunciado ante esta autoridad federal, que acudió a la zona, constató la destrucción y procedió a retirarse, sin imponer ninguna medida cautelar.

Pasarían meses hasta que, después de ser denunciados ante la PGR y citados a declarar, finalmente regresaran e impusieran sellos de clausura. Pese a ello, las obras reiniciaron y los trabajadores incluso retiraron los sellos.

NINGUNA OBJECIÓN

Convocados nuevamente, los inspectores de Profepa acudieron al lugar, pero primero se encerraron con los directivos de Ynfinity en sus oficinas, dando tiempo de sobra para que el personal dejara de laborar y se retirara, antes de proceder a la simulación de inspección. Hasta ahora ninguna objeción han hecho al retiro de sellos.

“Tenemos un video de vigilancia del lugar, donde se ve cómo, a las 3:30 de la madrugada, el sello fue jalado desde adentro, evidentemente por el personal de la propia empresa”, acusó Ender.

Por todo esto, ya se denunció penalmente a los inspectores de la Profepa, en tanto que la juez que lleva el caso ya encontró como Fundada la queja en contra del actuar de las autoridades, lo que acredita la existencia de un delito por omisión.

EN EL BANQUILLO

El litigio más amplio sobre Tajamar continúa su curso ante los juzgados, esperándose un fallo en unos seis meses más. Debido a la inacción de Profepa sobre el caso, las denuncias fueron presentadas ante la PGR, que lleva adelante el caso, citando a varios de los destacados empresarios involucrados en estos millonarios proyectos.

DELEGADA, A DECLARAR

Una de las primeras en comparecer y declarar fue la entonces delegada de la Profepa, Carolina García Cañón, que después de visitar la sede de la PGR confirmó que renunció a su cargo, poniendo fin a una cadena de escándalos y acusaciones de corrupción que marcaron su corta gestión.

CÓRDOVA LIRA, TAMBIÉN

También debió declarar ante las autoridades federales Francisco Córdova Lira, expresidente de Coparmex y el Centro Coordinador Empresarial, además de ser el dueño de tres de los predios de la zona. El actual presidente de la Mesa de Seguridad negó ante la PGR ser el propietario de uno de los predios en disputa, indicando que ya lo vendió; aunque todavía posee otros dos. Él negó haber incurrido en algún delito ambiental, pues la deforestación en el lugar la realizó la propia Fonatur, se alegó.

Ender Córdova señaló que esto contradice los múltiples testimonios y pruebas de que personal de su empresa taló mangle en el lugar.

Todavía faltan por ser citados a declarar Germán Orozco, dueño de Aquaworld y Ultramar, quien es responsabilizado del daño al humedal para la construcción de una rampa marina; además del obispo Pedro Pablo Elizondo, que adecuó un terreno para construir una basílica, proyecto incluso inaugurado, aunque hoy abandonado.

¿EL FUTURO?

Aunque ya resuelto, el litigio por el primer ecocidio, cometido por el Bi & Di, todavía continúa, al insistirse en que se aplique la sanción y que se dé inicio a las medidas de restauración de los daños cometidos.

RENACE EL MANGLAR

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Ya dos tipos de manglar, el rojo y el botonillo, ya volvieron a surgir de forma natural, pero será necesaria la intervención humana para contar con las especies negra y blanca, además de árboles endémicos.

Principalmente, queda ver qué ocurrirá con esta gran extensión de humedal, todavía codiciada por desarrolladoras turísticas, pero que la ciudadanía de forma unida exigió fuera preservada.

“Nuestra propuesta es que todo se transforme en un parque botánico”, explicó Ender, que a través de su asociación mantiene la posesión efectiva del lugar. “Sin acceso a vehículos, solo transeúntes, con servicio de limpieza y actividades culturales”.

Falta ver la resolución de fondo que dicte la Suprema Corte, que ya atrajo el caso, además de oposición de otros grupos ambientales, que abogan por la apertura del lugar a vehículos, e incluso que se le regrese la posesión de Tajamar a Fonatur, lo que podría poner fin a los sueños conservacionistas, por los que se combate frente al poder de las empresas y la colusión de las autoridades, tanto municipal como federales.

Foto: El Universal.

 

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