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La libra Gina Patricia, ex titular del IPAE | Ganó amparo por prescripción

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Cancún, Quintana Roo.- Gina Patricia Ortíz Blanco, exdirectora del Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE), ganó otro amparo con el cual libra, por ahora, las acusaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), por los delitos de peculado que se siguen en su contra.
A la exfuncionaria pública se le acusa de la venta irregular de 11 predios durante la administración del gobernador Félix González Canto.
Ortíz Blanco también estaría involucrada en la venta irregular de otros 22 predios desde el año pasado y se le involucra en los juicios civiles presentada en marzo de este año por la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro).


El 25 de septiembre de 2016 la periodista y activista Fabiola Cortez Miranda denunció ante el Ministerio Público de Fuero Común a Gina Patricia por el delito de peculado cometido en agravio del Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado ahora denominado Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado. El contenido de la denuncia se encuentra en la carpeta FGE/QR/CHEESP/12/1/2016.

Los argumentos por los que la exfuncionaria logró el amparo es que “para el estado de Quintana Roo, las actuaciones que realizó la autoridad ministerial en la carpeta de investigación para la investigación del delito que fueron posteriores a esta última fecha, ya no interrumpieron el plazo que corrió de manera continúa hasta el 28 de septiembre de 2016, cuando transcurrió en su totalidad y por ende se configuró la hipótesis de prescripción del delito”.
Por lo que para “La Justicia de la Unión ampara y protege a Gina Patricia Ortiz Blanco contra el acto que reclamó el Juez de Control y de Juicio Oral en el Estado actuado en los juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, precisado en el considerando segundo de este fallo, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando quinto del mismo”.

Nace una Institución

Durante la administración de Félix González Canto se creó el Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE). El 30 de mayo del 2005, las notas de los diarios justificaban la creación de éste órgano, con el fin de administrar y preservar el patrimonio de Quintana Roo. Al frente de esta institución estuvo siempre Gina Patricia Ortíz Blanco.

El gobierno de Félix González, a través del IPAE acumuló 246 millones de pesos que en la siguiente administración, la de Roberto Borge, “desaparecieron”. Fue hasta 2016, con la nueva administración que se creó la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Agepro), que se encargaría de las funciones que realizaba el IPAE, pero también, investigar que había pasado con esta institución en las administraciones pasadas. Tras meses de investigación, la Agepro promovió tres juicios civiles ante el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, en contra de varios servidores públicos y varios exfuncionarios por un monto de mil 444 millones de pesos, que corresponden a la venta irregular de 22 predios patrimonio del estado. También promovió tres juicios en contra de Gina Patricia Ortíz Blanco, exdirectora del IPAE.
El 23 de marzo del 2018, se lograron recuperar tres predios ubicados en las Villas Juveniles del CREA que habían sido rematados en los últimos meses del gobierno de Félix González. Gina Patricia Ortíz, siendo directora del IPAE, vendió dichos predios a favor del grupo Caveri Servicios Inmobiliarios, empresa representada por Anuar Fayad Hassan y Ricardo Antonio Vega Serrador, mejor conocido como el “Zar de las gasolineras”.

Turbios amparos

El amparo que ganó Gina Patricia se basa en un recoveco legal. La ley dice: “Si ha transcurrido la mitad del tiempo necesario para que prescriba la acción penal y la autoridad ministerial realiza cualquier diligencia tendente a investigar el delito y el delincuente; estas actuaciones ya no interrumpen el plazo de prescripción, el cual continuará corriendo hasta que prescriba la acción penal o se logre la captura del indicado dentro de dicho termino, o bien, se judicialice la carpeta de investigación”.


El artículo 82 explica: “…No comprende el caso en que las actuaciones se practiquen después de que haya transcurrido ya la mitad del lapso necesario para la prescripción. Entonces está continuara corriendo y no se interrumpirá, sino por la aprehensión del inculpado”.
Lo antes considerado, se apoya por tener un código punitivo similar, en la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
Sin embargo, la Justicia de la Unión amparó y protegió a Gina Patricia Ortiz Blanco contra el acto que reclamó el Juez de Control y de Juicio Oral en el Estado.

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